La democracia está "seriamente amenazada" según los abogados granadinos

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, en sesión extraordinaria celebrada en el día de hoy, ha aprobado la siguiente declaración institucional:

Ante la publicación del documento suscrito entre el PSOE y JUNTS como marco de acuerdo entre ambos partidos políticos en aras de facilitar la investidura del nuevo Presidente del Gobierno de España, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Granada quiere manifestar públicamente -como juristas y alejados por supuesto de toda connotación política- su profunda preocupación por el contenido del citado documento y su posible aplicación legal, por cuanto supone un ataque frontal al Estado de Derecho en sus más elementales fundamentos, al poner en serio peligro la independencia del Poder Judicial y el principio básico de separación de poderes.

Resulta inadmisible permitirse cuestionar desde el poder político -a través de las denominadas “comisiones de investigación”- las actuaciones de los Jueces y Tribunales y si se ha producido “lawfare” (instrumentalización de la justifica con fines políticos), lo que supone una manifiesta injerencia en la labor judicial de impartir Justicia, eliminándose de facto la separación de poderes, pilar básico de nuestra democracia, que con ello se vería seriamente amenazada.

Los juristas, en general, y la Abogacía, en particular, no puede permanecer callada ante semejante vulneración de la Constitución y de las normas básicas del Estado de Derecho, y ello por la inseguridad jurídica que la simple posibilidad de que tales comisiones pudieran llegar a operar genera, aun bajo la supuesta legalidad parlamentaria. Porque se haría en contra de las legítimas decisiones de los Tribunales y de la estricta aplicación de las Leyes, quebrando el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, lo que sitúa a los justiciables en un estado de desequilibrio y arbitrariedad en función de factores que son ajenos al principio de legalidad y que vendrían dictados por intereses políticos, con evidente perdida de las más mínimas garantías constitucionales.

La Junta de Gobierno del ICAGR denuncia y rechaza frontalmente dicha propuesta de acuerdo e insta a los poderes públicos a que rectifiquen los términos del mismo, para salvaguardar nuestro Estado de Derecho y los principios constitucionales que los abogados hemos jurado o prometido cumplir.