Granada consagra su compromiso con la libertad y la democracia y "resistirá a Sánchez"

Lo dicen los jueces y los fiscales españoles. La situación es penosa y lamentable. Es el fin del estado de derecho por parte del secretario general del PSOE Pedro Sánchez. Con el acuerdo en la mano, la portavoz proetarra en el parlamento podría meter en la cárcel a los fiscales que condenaron a los etarras y también a los magistrados que metieron en la cárcel a los golpistas independentistas catalanes. Llama la atención, sobre todo, el silencio cómplice del PSOE de Granada.Este paso al frente para instaurar una dictadura chavista en España cuenta con el visto bueno de miles de granadinos que votaron al PSOE. El fin de las libertades públicas y de la constitución. Es el escenario lamentable al que nos conduce el gobierno del partido sanchista apoyado por socialistas granadinos. El próximo domingo 12 a las 12 en plaza Nueva. Los populares vuelven a pedir que se acuda pacíficamente pero para decir con contundencia a Sánchez que no utilice el dinero de los andaluces para conseguir el poder con un acuerdo con un prófugo de la justicia.

El colegio de abogados de Granada ha definido el acuerdo del PSOE con Junts como un ataque frontal al Estado de Derecho en sus más elementales fundamentos, al poner en serio peligro la independencia del Poder Judicial y el principio básico de separación de poderes.

Resulta inadmisible permitirse cuestionar desde el poder político -a través de las denominadas “comisiones de investigación”- las actuaciones de los Jueces y Tribunales y si se ha producido “lawfare” (instrumentalización de la justifica con fines políticos), lo que supone una manifiesta injerencia en la labor judicial de impartir Justicia, eliminándose de facto la separación de poderes, pilar básico de nuestra democracia, que con ello se vería seriamente amenazada. Los juristas, en general, y la Abogacía, en particular, no puede permanecer callada ante semejante vulneración de la Constitución y de las normas básicas del Estado de Derecho, y ello por la inseguridad jurídica que la simple posibilidad de que tales comisiones pudieran llegar a operar genera, aun bajo la supuesta legalidad parlamentaria.