Revocan sanción de 45 días de inhabilitación al abogado de Juana Rivas por acusar al juez Piñar
No encuentran delitos de prevaricación en sus actos
Granada - Publicado el - Actualizado
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El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha revocado la sanción de 45 días de inhabilitación que el Colegio de Abogados de Granada impuso al abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, tras afirmar que el juez que la condenó por sustracción de menores, Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, había prevaricado en este caso.
El letrado Carlos Aránguez ha informado de este extremo en un comunicado en el que considera "lamentable que el Colegio de Abogados de Granada, en especial su secretario se posicionara al lado de un juez que está siendo investigado por un delito de odio, en lugar de defender la profesionalidad de un compañero colegiado que, en una causa pro bono, representaba los intereses de su patrocinada, por supuesto --ha agregado-- respetando en todo momento las lógicas normas de educación y decoro".
Tras agradecer el apoyo de los compañeros que firmaron dos manifiestos de apoyo a su persona, Aránguez ha defendido que los abogados deben "ser valientes y denunciar siempre las injusticias".
El juez Piñar presentó querella contra el letrado de Juana Rivas por un posible delito de calumnias o injurias después de que calificara su actitud de "prevaricadora" y le acusara de "absoluta falta de parcialidad" en un chat que comparte con más de un centenar de periodistas y sobre el que el juez ordenó que se realizaran ciertas indagaciones.
El asunto ha sido archivado en distintas instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, que a finales de octubre dio carpetazo al asunto rechazando en firme el recurso de queja presentado por el magistrado.
Unos días antes, la Audiencia de Granada revocó la decisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Granada de no admitir a trámite la denuncia del abogado de Juana Rivas contra el juez Piñar y ha ordenado que se investiguen las publicaciones que el magistrado ha realizado en redes sociales para determinar si ha podido cometer un delito de odio.