Se reanuda el macrojuicio del "Caso Serrallo"

El macrojuicio del denominado caso Serrallo, en el que está acusado el exalcalde de Granada José Torres Hurtado por supuestos delitos urbanísticos, el primero que se reanuda en Andalucía tras el receso en la actividad judicial ordinaria por la crisis sanitaria del coronavirus, ha retomado sus sesiones, las cuales, desde este lunes con medidas de seguridad sanitaria y sin público, continuarán hasta el jueves con la declaración de los peritos propuestos por las partes.

PETICIONES DE LA FISCALÍA

El exregidor, que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, no ha acudido a la sesión de este lunes, al tener ese derecho desde que acabaran las declaraciones de los procesados, un total de 17, y ser persona de alto riesgo en el estado actual de pandemia.

Sí ha acudido la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que es juzgada por los mismos supuestos ilícitos, aunque sumando uno más de falsedad en documento oficial, y que se representa a sí misma como letrada.

Estos delitos estarían relacionados con la construcción de una discoteca en una zona donde en principio debía ir un área de recreo infantil, en el entorno del centro comercial Serrallo, en el sur de la capital granadina, a principios de la década pasada, durante la etapa de Torres Hurtado al frente del Ayuntamiento, que, ahora con cogobierno de PP y Cs, ejerce la acusación particular en el caso.

EXCONCEJALES EN EL BANQUILLO

Entre los procesados también están los exediles del PP que apoyaron, el 26 de julio de 2012, en una Junta de Gobierno Local, el cambio de uso de los terrenos, alterando con ello supuestamente alguno de los establecidos en el Plan General.

Se trata de Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera, quienes, a excepción de este último, que no ha llegado a entrar en la sala, tampoco han acudido este lunes al edificio judicial de Caleta con motivo de esta nueva sesión de este marcrojuicio, suspendido con la activación del estado de alarma, a mediados del pasado mes de marzo.

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS

La sala Antonio Angulo, habilitada, por el elevado número de acusados y letrados, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, que juzga el caso, ya antes de la crisis del coronavirus, ha vuelto a acoger el macrojuicio durante unas dos horas, ahora con mamparas en el estrado y los abogados distribuidos en los primeros asientos de la sala, que, hasta mediados de marzo, se habían reservado para banquillo de los acusados.

Solo cuatro de estos últimos, funcionarios y técnicos del Ayuntamiento, han acudido a esta sesión y se han sentado, en todo caso manteniendo la distancia social estipulada, con asientos vacíos entre ellos, en la parte trasera de la sala, en cuya entrada la Junta ha dispuesto también dispensador de gel hidroalcohólico, mascarillas y guantes.

El magistrado José María Sánchez, que preside el tribunal, ha hecho reiteradas advertencias a las partes, durante sus interrogatorios a los cuatro testigos-peritos, que han declarado este lunes, en referencia a la situación de pandemia. "Cuanto menos tiempo estemos aquí será mucho mejor", ha indicado al letrado del constructor acusado, durante la declaración de un técnico que intervino en la gestión del expediente de la urbanización del centro comercial Serrallo, como empleado del empresario y a propuesta de esta parte.