CCOO estudia denunciar al teniente de alcalde de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Motril

CCOO está estudiando, a través de sus servicios jurídicos, la posibilidad de presentar una querella contra el concejal de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Motril, Juan Fernando Hernández, por haber difundido informaciones erróneas de forma malintencionada entre la plantilla municipal y el conjunto de los ciudadanos para intentar desacreditar al sindicato y dividir a la plantilla frente al proceso de externalización del servicio municipal de limpieza que está llevando a cabo el consistorio motrileño.

La responsable de acción sindical de CCOO, Clara Castarnado, califica de tendenciosas las declaraciones del edil realizadas hoy en rueda de prensa en las que eleva a 17 millones de euros la indemnización solicitada por CCOO en su denuncia contra el Ayuntamiento por vulneración de los derechos fundamentales. “Es mentira que hayamos solicitado 17 millones de euros y también es mentira que esa indemnización sea para el sindicato”, afirma Castarnado. “Lo que hemos solicitado es una indemnización para aquellos trabajadores que pudieron ver amenazado su derecho a ejercer la huelga. Hemos pedido lo máximo que contempla ley para los casos de vulneración de los derechos fundamentales, pero será el juez quien decida, si nos da la razón y cuánto recibirá cada uno de los afectados”.

Para la representante sindical, el concejal muestra muy poco respeto por la justicia cuando se atreve a valorar una denuncia para la que solo un juez está capacitado. También falta gravemente a la verdad cuando afirma que hubo un acuerdo para desconvocar la huelga prevista para el mes de marzo “cuando sabe que el único motivo que hubo para desconvocar el paro fue el miedo y las coacciones infundidas entre los trabajadores, amenazas encubiertas en meras circulares informativas que el mismo concejal ha reconocido en su comparecencia pública”. Es por esta actitud tendenciosa y sus declaraciones muy graves que CCOO está estudiando querellarse contra el concejal.

La responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras le recuerda al señor Hernández, que la propia Constitución Española y la Ley Orgánica de Libertad Sindical amparan al sindicato para interponer la demanda por vulneración de un derecho fundamental. “Entendemos que un representante público tiene el deber de conocer y proteger la máxima norma de nuestro ordenamiento jurídico, pero, por las declaraciones de hoy, parece que no es así”. “Tampoco es cierto que el Ayuntamiento haya fomentado el diálogo”, afirma Castarnado, “ya que nos han negado información relativa al proceso de externalización por lo que nos hemos visto obligados a impugnar la estructura de costes de la licitación y a presentar alegaciones que ni siquiera han tenido respuesta”. Las declaraciones del concejal tienen no solo una intención de descrédito del sindicato, sino también buscar la división entre una plantilla que está completamente unida en el rechazo a los procesos de privatización de sus servicios.