El abogado del investigado por matar a Laura Luelmo solicitará su puesta en libertad

Miguel Rivera, el abogado de Bernardo Montoya, investigado por matar a la joven profesora Laura Luelmo en la localidad onubense de El Campillo el pasado mes de diciembre, ha señalado que solicitará la puesta en libertad de su cliente al entender que "no se han cumplido" todas las garantías judiciales a las que tiene derecho como procesado.

En declaraciones a Europa Press, Rivera ha señalado que durante esta semana atenderá a informes del Consejo General del Poder Judicial, resoluciones del Tribunal Supremo así como otros documentos judiciales "para realizar una solicitud oficial" que tenga "fundamentos firmes" y no presente "fisuras".

En ese sentido, el representante legal de Bernardo Montoya ha indicado que entre el próximo lunes y el próximo martes presentará la solicitud de puesta en libertad "debidamente justificada" ante el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva), órgano judicial que investiga el caso.

Cabe recordar que la primera declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino de Bernardo Montoya, en la que confesó la autoría del crimen, no se grabó correctamente al no estar conectado un cable de audio en el equipo informático.

Ante esta situación, Miguel Rivera indicó a Europa Press que el que no se haya registrado esa confesión y habiendo una segunda declaración exculpatoria del propio Montoya, unido a que algunas garantías procesales "brillan por su ausencia", se podría solicitar la puesta en libertad de su representado.

De otra parta, la Fiscalía de Huelva señaló que la no grabación de la confesión de Montoya "no afecta" a la investigación al existir una transcripción elaborada por una letrada de la Administración de Justicia.

Según indicaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press, la transcripción de la declaración tiene "la misma validez" que una grabación de audio si bien apuntaron que ésta "no tiene la literalidad y la apreciación" que el audio en sí.

En ese sentido, el Ministerio Público apuntó que anteriormente no existía esta tecnología y las transcripciones eran la prueba válida de las declaraciones en las instrucciones y los juicios.