Miles de olivareros exigen medidas para detener el desplome de los precios del aceite

Según la Policía Nacional unas 4500 personas se han concentrado ante la Subdelegación del gobineor exigiendo soluciones a la crisis de precios

Antonio Agudo

Jaén - Publicado el - Actualizado

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Miles de agricultores, unos 6.000 según la organización y unas 4.500 según la Policía Nacional, se han echado este miércoles a la calle en Jaén ante la "situación de emergencia" en el olivar por la crisis en los precios del aceite de oliva, con una caída ilógica, ante lo que reclaman medidas que permitan una estabilidad en el mercado para cubrir los costes de producción. 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Ladrones' o 'El pueblo unido, jamás será vencido' son algunas de las proclamas que se han escuchado en la concentración convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Infaoliva y Cooperativas Agro-alimentarias en la plaza de las Batallas, ante las sedes de la Subdelegación del Gobierno y Delegación.

Una manifestación que comenzó a las 11 de la mañana y se ha ido disolviendo a partir de las una de la tarde. No ha habido que registrar incidentes salvo algún que otro amago de entrar por la fuerza en la sede del Gobierno de España que los agentes de la Policía nacional han evitado sin mayor problema. El precio del aceite de oliva en origen ha caído casi un 30% en la actual campaña lo que provocaría una merma en los ingresos de los agricultores, según algunos dirigentes agrarios, de casi 1000 millones de euros sólo en este año.

Los olivareros, llegados de toda la provincia y también desde fuera de ella, han exhibido músculo en la que ha sido la primera gran protesta de un calendario de acciones más amplio, que incluye reuniones con las administraciones y más movilizaciones en la calle. De hecho, según han destacado los organizadores, ha nacido "el espíritu de las batallas" y, aunque la situación que atraviesa el sector oleícola "no se arregla en un día", van "a seguir luchando" para solucionarla. Para ello, han hecho hincapié en la necesidad de que las administraciones estatal y autonómica, junto a las autoridades europeas, pongan en marcha mecanismos que garanticen una renta justa para el trabajo del productor.