Los abogados de Al Thani anuncian que recurrirán el auto de la jueza

El despacho de abogados,  Baker McKenzie, que defiende a los miembros de la familia Al Thani emitió este viernes un comunicado en el que afirma que "recurrirá en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga los autos de imposición de fianza y de intervención del club".

Además, subraya que las medidas adoptadas por la jueza no "tiene base legal que las sustente" porque "obra en la causa un documento elaborado por LaLiga en el que se informa al Juzgado de que el Málaga CF ha presentado un plan de viabilidad que podría resolver su situación". El comunicado íntegro emitido por el despacho encargado de la defensa de la familia Al Thani dice lo siguiente:

"El despacho de abogados que defiende a los miembros de la familia Al-Thani recurrirá en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga los autos de imposición de fianza y de intervención del club, solicitando que se tramiten con carácter urgente. Si bien los recursos de apelación no tienen efectos suspensivos en lo que respecta a la ejecución de ambas medidas cautelares,se solicitará ad cautelam que se suspenda la ejecución de las mismas, en tanto en cuanto la decisión del Juzgado de Instrucción nº 14 de Málaga no sea firme. Baker McKenzie sigue considerando las medidas desproporcionadas, prematuras y sin base legal que las sustente, sobre todo cuando obra en la causa un documento -elaborado por la Liga de Fútbol Profesional- en el que se informa al Juzgado de que el Málaga Club de Fútbol ha presentado un plan de viabilidad que podría solventar su situación".

La magistrada dictó dos autos y en uno de ellos estima las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA), por lo que nombró una administración judicial durante seis meses, periodo que podrá ser prorrogado.

En la otra resolución, la jueza requiere a los querellados que de manera conjunta presten una fianza de 5.443.566 euros a fin de asegurar las posibles responsabilidades civiles que podrían derivarse de los hechos, tras la querella que presentó la APA por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales.