Chari, víctima de una inquiokupa: “Le pago luz y agua y ahora mismo me debe 30.000 euros”
El fenómeno del llamado “inquiokupa”, inquilinos que dejan de pagar el alquiler, pone en jaque a propietarios que ven como tienen que hacerse cargo de pagos de suministros y comunidad, entre otros
Málaga - Publicado el
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Chari y su marido se compraron su primera casa hace 35 años, para casarse e iniciar una vida juntos. Un piso en la zona de Eugenio Gross, en Málaga capital, donde crearon los primeros recuerdos de su familia. Aquel piso se les quedó pequeño, así que se mudaron y esa primera vivienda la pusieron en alquiler.
Hace cinco años, firmaron un contrato con una joven pareja de treintañeros que abonaban una renta (con ayuda del Ayuntamiento de Málaga) de 600 euros al mes y que, después de dos años viviendo allí, dejaron de pagarles.
30.000 EUROS
De eso han pasado ya tres años: Chari y su marido llevan tres años con la casa ocupada por unos inquilinos que ni pagan el alquiler ni están dispuestos a marcharse: “Se le paga todo: luz y agua. Ahora mismo nos deben 30.000 euros”, asegura Chari.
Una deuda de 30.000 euros por todas las cuotas del alquiler impagadas, por los recibos de la luz, el agua, la comunidad... todo aquello que Chari tiene que seguir pagando, a pesar de no ingresar ni un solo euro por el alquiler de su piso de Eugenio Gross.
ACUDIR A LA JUSTICIA
Cuando comenzaron los impagos, esta propietaria recurrió a la justicia: puso su caso en manos de abogados, pero hasta ahora la justicia le ha dado la razón a la inquilina (o inquiokupa como Chari la llama) hasta en dos ocasiones: “Cuando llega al juzgado la considera vulnerable y cuando el juez ve que hay una ley aprobada de personas vulnerables, pues para el lanzamiento”.
LLEGÓ A OFRECER DINERO
Esta inquilina, junto a su anterior pareja, accedió hace cinco años a una ayuda municipal para el alquiler por su situación de vulnerabilidad. Una situación que, según nos ha contado Chari, la dueña del piso ocupado, no se ha vuelto a revisar en todo este tiempo.
Es lo que el abogado de Chari va a intentar en su próxima cita con el juez: que Asuntos Sociales revise el informe de vulnerabilidad de la inquilina y compruebe si esa situación ha cambiado. Te recuerdo: Chari lleva tres años con su casa ocupada por una inquilina que dejó de pagarle el alquiler y a la que tiene que pagarle la luz y el agua. Desesperada, Chari intentó mediar cara a cara con su inquiokupa: “Le ofrecí dinero, incluso. Me dijo que no y que le volviera a hacer otro contrato. Yo me negué porque la bola se iba a hacer más grande”.
Así que, de momento, la casa de Chari seguirá ocupada por una inquilina, su hija y su nueva pareja, después de tres años de impagos.
ASOCIACIÓN PARA DEFENDER A LOS PROPIETARIOS
La situación de Chari no es un caso aislado, es una realidad que viven muchas familias malagueñas, la de la inquiokupación (inquilinos que llegan a una vivienda con un contrato de alquiler que, pasado el tiempo, dejan de pagar).
Para defender a estas familias, hace un par de meses nacía una asociación: la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica. Una entidad de ámbito nacional que tiene en Málaga uno de sus grandes focos.
Esta asociación lucha contra un decreto que diseñó el Gobierno en plena pandemia y que hoy sigue en vigor. Virginia Robles es malagueña, sufrió la inquiokupación, y es su secretaria: “El pasado 23 de diciembre se ha vuelto a proponer la prórroga de este decreto que consiste en que el propietario no puede recuperar su vivienda en caso de que su inquilino u okupa sea una persona vulnerable”.
¿Y cuáles son los requisitos para considerar vulnerable a una familia? Según nos cuenta Virginia, son varios: “Debe cobrar menos de 1.800 euros, si hay menores a cargo o, si son mayores de 60 años. Es decir, hay miles y miles de familias vulnerables y los propietarios no pueden recuperar sus viviendas”.
La Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica, una entidad que nació hace dos meses para defender los intereses de propietarios cuyas viviendas son ocupadas por inquilinos que, con el tiempo, dejan de pagar el alquiler y consiguen evitar el desahucio acogiéndose a un decreto que el Gobierno creó en plena pandemia para proteger a las familias más vulnerables.