MÁLAGA

Condenan a indemnizar con casi 29.000 euros a un enfermero al que se saltaron en la bolsa de empleo

El Satse considera probado que el SAS contrató de forma irregular a otro profesional que ni siquiera figuraba en bolsa, causando al denunciante perjuicios de diversa índole

El Servicio Andaluz de Salud deberá pagar a un enfermero.

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el - Actualizado

3 min lectura

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con casi 29.000 euros y el reconocimiento como tiempo trabajado a un enfermero al que saltaron en la bolsa de empleo.

Así lo ha asegurado en un comunicado el Sindicato de Enfermería, Satse Málaga, cuya asesoría jurídica ha llevado este caso, apuntando que la sentencia considera probado que el SAS "contrató de forma irregular a otro profesional que ni siquiera figuraba en bolsa, causando al denunciante perjuicios de diversa índole", apuntan.

En concreto, según Satse, los hechos se remontan a diciembre de 2017, cuando estando disponible en la bolsa del SAS el enfermero denunciante en el Distrito Sanitario Valle del Guadalhorce y Zona Básica de Salud Álora fue contratada otra profesional, "que ni siquiera estaba inscrita en bolsa para el Centro de Salud de Alora".

SIN CONTRATO

De esta forma, han indicado que el profesional demandante "se quedó sin contrato de manera indebida a pesar de estar incluido en la bolsa de contratación --proceso de selección regulado para la oferta de contrataciones a través del Pacto de Bolsa Única-- con mejor posición/lugar que la otra candidata, que ni siquiera era aspirante de dicha bolsa", señalan.

"Así, este 'error' de la bolsa motivó la pérdida de contratos durante el citado periodo que le pertenecía por su disponibilidad y puntuación en bolsa, al menos desde el diciembre de 2017", han indicado desde el sindicato de enfermería.

Por esto solicitó se le reconociera que tenía derecho al contrato y tener todo el tiempo que se prolongó el mismo (hasta el 31 de diciembre de 2018) como trabajado a todos los efectos, incluidos los de bolsa de contratación y experiencia profesional y percibir la totalidad de las retribuciones que le hubieran pertenecido en ese periodo por su categoría de enfermera.

Aunque la defensa de la Administración Sanitaria para rechazar el derecho a la indemnización argumentó en su recurso "que los inscritos en la Bolsa de Empleo Temporal no son propietarios de la plaza que provisionalmente ocupen, ni ostentan un derecho adquirido a trabajar sino únicamente a ser llamados de concurrir las condiciones previstas en el Pacto de Bolsa de Selección Temporal de Personal", la sentencia rechaza estos argumentos y condena al SAS por su responsabilidad patrimonial.

En este sentido, el fallo judicial, según han explicado desde Satse, "considera probado que el SAS infringió el deber de llamar a los inscritos en bolsa y por efecto de su anómalo proceder causó daños al recurrente, quien sin tener el deber jurídico de soportarlos no fue contratado, sufriendo perjuicios de diversa índole, económicos y de posicionamiento en bolsa", se lee.

FALLO JUDICIAL

Por todo ello, según el sindicato de enfermería, la sentencia del TSJA "ratifica en todos sus términos la dictada en primera instancia, con fecha 20 de septiembre de 2019, el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 7 de Sevilla, reconociendo el derecho del recurrente a la contratación con derecho a tener ese periodo la consideración de tiempo trabajado a todos los efectos, incluidos los de bolsa de contratación y experiencia profesional; e igualmente el derecho a percibir la cantidad de 28.727,01 euros más intereses legales desde la reclamación en vía administrativa".

Para finalizar, Satse ha valorado el fallo judicial "que deja en evidencia las irregularidades en la contratación, en este caso de la anterior dirección del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce" y han apuntado que velarán "porque sirva de precedente para que no vuelvan a repetirse estas graves actuaciones por parte de un organismo público, que se supone garante del cumplimiento de las normas y que sin embargo vulnera su propio sistema de contratación", concluyen.

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