El motivo que está detrás del polvo en suspensión que sufren unos vecinos y que investiga la Guardia Civil: “insostenible”

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, dentro de la denominada operación 'Pulvis', ha investigado a ocho personas, entre las que se encuentran gerentes de diferentes sociedades y técnicos facultativos, así como otras tres personas jurídicas dedicadas a la explotación minera a cielo abierto, por los supuestos delitos contra los recursos materiales y medio ambiente y por el delito de usurpación de aguas.

DENUNCIA VECINAL

La investigación se inició hace varios meses por orden de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga a consecuencia de la denuncia presentada por una plataforma vecinal por supuestas irregularidades medioambientales cometidas por varias explotaciones mineras existentes en la zona de la localidad malagueña de Coín desde hace años, han informado desde el instituto armado a través de un comunicado.

Así, han señalado que presuntamente dichas canteras estarían emitiendo de forma reiterada polvo en suspensión a la atmósfera, así como vertidos de aguas con restos de partículas de polvo al cauce público.

SIN MEDIDAS CORRECTORAS

Fruto de las primeras investigaciones, y tras la inspección de las instalaciones, los agentes pudieron apreciar que durante el funcionamiento de las mismas existían grandes cantidades de polvo en suspensión que salían al exterior de las canteras, "constatándose la carencia de determinadas medidas correctoras, así como que las existentes no resultaban eficaces, siendo afectado todo el entorno".

Según los testimonios de los vecinos, la situación en la zona en los últimos años se había vuelto "insostenible", a pesar de las numerosas denuncias y quejas existentes ante diferentes administraciones, debido a la afectación a las viviendas del entorno, causando molestias y problemas respiratorios a los vecinos.

Los agentes pudieron constatar cómo el depósito de ese polvo, así como las aguas de riego de algunas de esas explotaciones mineras, acababan en el fondo del río Pereila, pudiendo crear un sedimento que presuntamente podría afectar a la flora y fauna de la zona, la cual está catalogada como espacio protegido.

Asimismo, han señalado que existen numerosos cultivos de subtropicales en la zona cuyos frutos presentaban una capa de polvo o cal que no desaparecía incluso después de llevar a cabo labores de lavado y calibrado, "suponiendo un perjuicio económico para los agricultores al no poder vender sus productos como fruta fresca, sino como fruta para procesados, con la consecuente depreciación en su precio de venta".

EXTRACCIÓN DE AGUAS

Igualmente, han indicado desde la Guardia Civil se constató que dos de las explotaciones mineras extraían agua para el uso industrial, supuestamente de manera irregular de pozos que se ubican en el interior de sus instalaciones.

Esta operación ha sido llevada a cabo por guardias civiles pertenecientes al Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Coin.