Dos años tras la sentencia de los ERE: Chaves y Griñán esperan que el TS confirme sus condenas
La Audiencia Provincial determinó que los dos ex presidentes socialistas eran "plenamente conscientes" del fondo de los ERE
Sevilla - Publicado el - Actualizado
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Hoy se cumplen dos años de la sentencia del caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de España. El 19 de noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla condenaba a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE.
La sentencia era rotunda: Nueve años de inhabilitación por prevaricación a Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009. Su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, era condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación.
UNA SENTENCIA DE 1.821 PÁGINAS
La sentencia confirmaba que ambos eran "plenamente conscientes" del “sistema fraudulento” dotado con 680 millones que, sin control alguno, repartió fondos a empresas amigas con el dinero de las prejubilaciones. A lo largo de 1.821 páginas, la sentencia condena a los dos líderes históricos del socialismo andaluz.
Además, otros 17 altos cargos también eran condenados, como la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez o el exconsejero Gaspar Zarrías, ambos inhabilitados por prevaricación.
MIEMBROS DE LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS, CONDENADOS
Entre los acusados, cuatro exconsejeros fueron condenados a penas de hasta siete años de cárcel; entre ellos Antonio Fernández; ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, quien al frente de la Consejería de Empleo habría ideado el sistema de pago de los ERE. También han sido condenados a prisión los ex consejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.
Ahora, dos años más tarde de la sentencia de los ERE, la acusación popular espera que el Tribunal Supremo se pronuncie en 2.022.
La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla determinaba hace ahora 24 meses que la Junta de Andalucía en épocas socialistas financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
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