La Junta de Andalucía llevará al Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados impuesto por el Gobierno

La Junta de Andalucía llevará al Tribunal Constitucional el reparto de Menores Extranjeros No Acompañados, impuesto por el Gobierno Estatal mediante decreto ley. Es la decisión que ha tomado finalmente el ejecutivo andaluz tras haberlo estudiado y que trasladará al Consejo de Gobierno de esta semana para que se inicien los trámites pertinentes. 

El primer paso, según adelantan a COPE fuentes de la Junta, ha sido iniciar la interposición del recurso de inconstitucionalidad de Menores Migrantes No Acompañados instando a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a comenzar las actuaciones necesarias.

Será el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía el que eleve finalmente esta medida al Tribunal Constitucional para paralizar una decisión que el presidente, Juanma Moreno, ha descrito como un "agravio comparativo" a las comunidades después de que el Gobierno y Junts, según la Junta, hayan pactado un reparto poco equitativo que beneficia a Cataluña. Acusan a Sánchez de haber beneficiado a Cataluña, que solo va a recibir 27 menores, en comparación con los 795 que deberá acoger Andalucía. 

En el decreto ley estatal se aprobaron las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Es decir, aquellas medidas necesarias para desatascar la crisis migratoria que vienen sufriendo las Islas Canarias desde hace meses y obligar a que el resto de comunidades autónomas en España asuman su  parte de la carga migratoria. 

Andalucía atendió a 2.615 menores migrantes en 2024 

La Junta de Andalucía comunicó al Gobierno central que atendió a 2.615 menores migrantes no acompañados durante el año pasado y situó en un 96,32 por ciento la ocupación actual de las plazas para menores en la comunidad, por lo que dice tener sus recursos «al límite». 

No obstante, la administración autonómica, a través de su presidente, ha asegurado que estará "preparada" para ejercer "sus competencias" ante la posible llegada de menores extranjeros no acompañados para "garantizar la protección de todos los menores que se declaren en situación de desamparo". Andalucía será la cuarta comunidad autónoma que inicie este proceso, tras Aragón, Valencia y Madrid.