La policía desarticula en Sevilla una red de explotación laboral de mujeres

Agentes de la Policía Nacional de Sevilla han detenido a cinco personas --dos de ellas ya han sido enviadas a prisión-- por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal, tras desarticular una red dedicada a la explotación laboral y liberar a siete mujeres.

Según ha informado la Policía Nacional, los líderes de la misma eran un grupo de españoles y nicaragüenses, perfectamente estructurados y que dividían su actividad delictiva en dos fases: la captación en Nicaragua, país de origen y, por otra parte, la fase de transporte y alojamiento ya en España.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que captaba a víctimas en Nicaragua, bajo la promesa de venir a España y conseguir un trabajo digno como empleadas de hogar.

Para ello, les compraban un billete de avión destino París, desde donde las trasladaban a Bilbao, y les suministraban dinero en efectivo para realizar el cruce de la frontera con el fin de garantizar su entrada como turistas, debiendo devolverlo íntegramente a su llegada a la ciudad vasca.

Además les obligaban a firmar un contrato en Nicaragua, en el que la organización se quedaba con las viviendas de las víctimas e incluso la de sus padres si no se saldaba la deuda adquirida, retirándoles las escrituras de los bienes con las que se avalaban el pago.

Nada más aterrizar en España, eran informadas de que la deuda adquirida llegaba a superar los 7.000 euros, siendo aceptadas por las víctimas, ya que si no lo hacían perderían sus casas.

 Tras ello, las víctimas eran llevadas desde el País Vasco a la capital andaluza, engordando así la deuda y, una vez en Sevilla, se alojaban en domicilios de la barriada de las Tres Mil Viviendas, donde podían convivir hacinadas hasta más de 15 chicas, pagando mensualmente 100 euros cada una hasta que conseguían trabajo.

La organización cobraba a las víctimas por cualquier gestión: por el alquiler de la cama, donde podían pernoctar en la misma habitación ocho o nueve mujeres; por poner anuncios en páginas de Internet gratuitas, hacerlo ellas mismas lo tenían prohibido; por presentarse a una entrevista de trabajo, que la red había concertado, llegado a cobrar hasta 100 euros por cada una sin importar si eran seleccionadas o no, y por cada uno de los traslados, impidiéndoles tener autonomía a la hora de moverse pues cada paso que daban tenía que ser guiado por el conductor de la organización.

Además, una vez seleccionadas para trabajar como internas en algún domicilio, tenían que abonar 500 euros para ir saldando la deuda y, a pesar de estar internas, tenían que seguir abonando mensualmente el alquiler de la cama donde pernoctaban en las viviendas de la organización.