Disputa política a cuenta de la próxima licitación de contratos para iniciar el puente de la SE-40

Este anuncio de la licitación de contratos para que se ponga en marcha el proyecto constructivo de dicho viaducto por parte del Gobierno en el tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río (Sevilla), ha desatado críticas por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla. Sobre todo después de que el Ministerio de Transportes haya vuelto a encargar a la empresa pública Ineco la redacción de los proyectos que ha sido objeto de impugnación por las patronales del sector de la ingeniería.

La Junta de Andalucía ha acusado este lunes al Ejecutivo central de "dar patadas para adelante y no hacerse cargo" de este proyecto. En concreto, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha reprochado, en declaraciones en Jaén, al Gobierno de Pedro Sánchez los grandes retrasos que arrastra el proyecto de la autovía metropolitana SE-40, con unos 38 kilómetros en servicio de un total de 77 planeados, décadas después de nacer la iniciativa.

"Esto es algo que lleva años y años y los sevillanos no pueden esperar más. Y es una obra en la que nos hemos encontrado que si primero el túnel, que si luego el puente y no es de recibo", ha dicho rememorando la controvertida apuesta del Gobierno central del PSOE por sustituir por un puente los túneles inicialmente previstos y contratados para el paso sur del Guadalquivir en el trazado de la SE-40.

Recordemos al respecto la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, de estimar uno de los motivos del recurso inicial de las patronales del sector de la ingeniería contra dicho encargo del Ministerio de Transportes a Ineco, para las contrataciones del diseño del mencionado viaducto.

En su recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, las patronales esgrimían la omisión de la metodología BIM y además "la ausencia de justificación de que el encargo, supuestamente, representa una opción más eficiente, sostenible y eficaz que la contratación pública"; así como "la falta de concurrencia de las razones de seguridad o de urgencia que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación".

También alegaban "la infracción del límite legal del 50 por ciento de la subcontratación previsto en el artículo 32.7.b) de la Ley de Contratos del Sector Público, por pretender subcontratar gran parte de los servicios en un porcentaje del 60,87 por ciento, sin la debida motivación de las supuestas excepciones que permitirían subcontratar por encima del tope".

PETICIÓN DE ANULACIÓN

Dado el caso, las patronales solicitaban al Tribunal Central de Recursos Contractuales que anulase el anuncio y el documento de formalización del encargo y, en consecuencia, "los subcontratos derivados del encargo, licitados por Ineco.

Y tras resolver el asunto el Tribunal Central de Recursos Contractuales admitiendo el recurso de las patronales en el único aspecto de la omisión de la metodología BIM, el Ministerio de Transportes desistió finalmente del encargo impugnado, avisando de que en su dictamen, el tribunal "indica que la falta de inclusión de la metodología BIM dentro del encargo supone una vulneración de la Orden Ministerial PCM/818/2023 sobre el Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública"; una "omisión" que "ha implicado la estimación parcial del recurso y la anulación del encargo".

En ese sentido, ante el nuevo encargo del Ministerio de Transportes a Ineco una vez corregida esta omisión, las patronales de la ingeniería han decidido elevar el caso ante la Audiencia Nacional, mediante un recurso contencioso-administrativo, al entender que "se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público".

En concreto, esgrimen de nuevo que a su entender, "no está justificada la mayor eficiencia y eficacia del encargo directo frente a la licitación pública, pues Ineco no tiene experiencia en diseño de puentes y el encargo es más caro que una licitación"; y reiteran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, "al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios (un 60,87%, que con el nuevo encargo será aún mayor), sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superar el mencionado tope".

En ese sentido, pedirán "acceso inmediato" al nuevo expediente del Ministerio y anuncian que emprenderán las actuaciones necesarias "hasta conseguir que los proyectos sean licitados bajo la libre concurrencia de las empresas privadas de ingeniería".

EL NUEVO PUENTE

El puente atirantado, que sustituye a los túneles inicialmente planeados e incluso contratados para este proyecto, tendrá un gálibo libre de 70,8 metros, 3.600 metros de estructuras singulares y se convertirá "en uno de los de mayor luz de España", según destaca la subdelegación.

El Gobierno central, como es sabido, ha apostado por prescindir de los túneles planeados inicialmente para el tramo Dos Hermanas-Coria y promover en su lugar este puente, que ya cuenta con su correspondiente declaración de impacto ambiental (DIA).

Las obras de los túneles habrían sido suspendidas en 2012, sin que el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy retomase las obras en sus años de gestión, apostando el actual gabinete de Pedro Sánchez por un nuevo estudio informativo, bajo la premisa de que el proyecto original de los túneles resultaría inviable al ser detectado un grado de permeabilidad de los suelos superior al inicialmente previsto.

El Gobierno central, en ese sentido, admitía ya años atrás, al plantear el nuevo estudio informativo, que la solución del puente reduciría la inversión necesaria a unos 458 millones de euros frente a los 1.077 y 1.826 millones de las opciones de túneles y que el puente podría estar quizá listo en 2028 (según las estimaciones de aquel momento) y los túneles entre 2032 y 2036, siempre según los cálculos de aquellos tiempos.