A quién afecta la subida de pensiones que acaba de aprobar el Gobierno

Con los precios disparados en la cesta de la compra, la factura de la luz por las nubes y la mayoría de hogares haciendo números para llegar a fin de mes, cualquier anuncio que signifique subir las prestaciones de personas como los pensionistas es siempre bienvenido.

Y eso es lo que ha aprobado en las últimas horas el Gobierno de España, una subida para más de 400.000 pensionistas que supone percibir un 15 por ciento más de prestaciones en una medida que para las arcas del Estado va a tener un coste de 330 millones de euros.

En concreto el ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido hacerse con el apoyo para la ley de planes de pensiones de Unidas Podemos, PNV y Grupo Mixto y la abstención de la formación ‘abertzale’ Bildu.

¿Y en qué consiste esa subida y a quién afecta?

Pues afecta en total a unos 440.000 pensionistas que son los que reciben las prestaciones que se van a revalorizar. Son los perceptores de las pensiones no contributivas.

Según los últimos datos acerca de las cuantías de estas pensiones, están fijadas en 2022 en 5.899,60 euros íntegros anuales. La pensión se abona en 12 mensualidades , e incluye además dos pagas extraordinarias al año.

La cuantía media mensual de los perceptores de las pensiones no contributivas asciende a 421,40 euros y una vez se haga efectivo este acuerdo podrían subir entre 60 y 100 euros al mes, es decir se va a situar rondando los 480 euros. El Gobierno tendrá que destinar a costear esta medida unos 330 millones de euros.

Los requisitos para cobrar una pensión no contributiva

Según la información del Imserso, para ser beneficiario de este tipo de prestaciones se exige:

Pueden ser beneficiarios de la pensión no contributiva de jubilación los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplan esos requisitos.

Según el Gobierno, la pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

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