Sevilla batallará con el Gobierno de Sánchez para que elimine la nueva tasa de basuras que subirá el impuesto en 2025
Los técnicos del gobierno municipal de Sevilla calculan que el coste de la imposición de esta tasa que se aplicaría a los ciudadanos a partir de abril de 2025 será cercano a los 20 millones de euros
Sevilla - Publicado el
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El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla, que gobierna la ciudad con José Luis Sanz como alcalde, defenderá una moción en el próximo pleno ordinario, en pro de reclamar al Gobierno central del PSOE y Sumar la derogación de la Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de una directiva europea de 2018; al "obligar" a los municipios a implantar una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuos; y a promover en su lugar un Plan Nacional de Infraestructuras para el ciclo integral de los residuos que permita reciclar una mayor cantidad de residuos.
El portavoz del Gobierno local del PP, Juan Bueno, ha señalado que la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, derivada de una directiva europea en la materia, "obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica para cubrir los costes del servicio de gestión de residuos antes del 10 de abril de 2025", lamentando esta "imposición" a los municipios.
"Esta obligación no es una decisión municipal, sino una imposición estatal del Gobierno de Pedro Sánchez que repercutirá económicamente en los vecinos y vecinas de Sevilla", ha asegurado, precisando que se trataría de una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuo, o sea recogida, transporte, tratamiento, campañas de concienciación y vigilancia de las operaciones relacionadas.
"No estamos en contra del objetivo que marca la Unión Europea de mejorar la recogida y tratamiento de residuos y los nuevos servicios que se recogen en la ley 7/2022, pero sí de que se obligue a los ayuntamientos a crear una tasa municipal", ha señalado, exponiendo que "los técnicos municipales calculan que el coste de esta imposición será cercano a los 20 millones de euros, concretamente 19,64 millones de euros desde abril de 2025 hasta final de año".
Por eso, la moción del Gobierno local aboga por que el pleno reclame al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez la derogación de la mencionada ley estatal, instando además al Ejecutivo central a realizar un estudio pormenorizado para definir el coste por servicio en todos los municipios españoles y a poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras para el ciclo integral de los residuos, que permita reciclar una mayor cantidad de residuos e incrementar la eficacia de este servicio en todos los municipios