51 municipios solicitan la ayuda de la DPH para instalar cámaras de videovigilancia

La convocatoria dedicada a las zonas rurales permite la financiación para la instalación y utilización de un sistema de grabación de imágenes en espacios públicos con la finalidad de mejorar la seguridad en pequeños municipios de la provincia, prestando asistencia para la protección de las personas ante posibles actos incívicos o delictivos.

Los municipios deberán contar con la autorización previa de la Delegación del Gobierno en Aragón. Cabe recordar además que el visionado y tratamiento de las imágenes únicamente podrá ser realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha apuntado que “la seguridad es fundamental si queremos un medio rural vivo y con negocios activos. En la Diputación estamos trabajando desde el primer día en ese sentido con planes como el de reparación y reforma de cuarteles de la Guardia Civil o el de seguridad rural para la instalación de sistemas de videovigilancia. Un plan, este último, que ha gozado de un éxito de convocatoria, con 51 municipios interesados. Un dato que nos indica que ha sido un acierto ayudar a los municipios en este sentido y que la videovigilancia, como sistema de seguridad preventivo, es una necesidad real para los vecinos del medio rural”.

Claver ha hecho estas valoraciones tras una reunión con el alcalde de Alcubierre, Pedro Suñén. Su municipio va a instalar cámaras de última generación. Suñén ha señalado que “en el Ayuntamiento se decidió instalar videovigilancia por el aumento de robos en casas del pueblo y en fincas y su instalación ha resultado muy eficaz para evitar nuevos actos delictivos”.

Alcubierre no tendrá problemas para instalar sus nuevas cámaras ya que dispone de todos los permisos necesarios para hacerlo. En cambio, otros muchos municipios, la gran mayoría de los que han acudido a la convocatoria de la DPH, han solicitado a la subdelegación del Gobierno el beneplácito necesario y están a la espera de una respuesta.

La Diputación podrá adelantar el dinero para la compra e instalación de cámaras de videovigilancia, pero, con el plazo máximo de 28 de febrero de 2025, los ayuntamientos deberán de justificar que han obtenido todos los permisos necesarios.

El proceso comenzó el pasado 13 de febrero con una reunión organizada por Diputación Provincial de Huesca y la Delegación del Gobierno de España en Aragón en la que participaron más de 70 alcaldes, y en la que el presidente de la DPH, Isaac Claver, dio a conocer este Plan de Seguridad Rural para la instalación de videocámaras en los términos municipales.