La DPT cifra en más de 1,32 millones de euros el coste anual del servicio de bomberos a la capital

Los bomberos del Parque de Teruel de la Diputación de Teruel (DPT) realizaron durante el año 2021 el 64,13% de sus intervenciones en la capital de la provincia, concretamente 270 de 421. Además, si atendemos al conjunto del territorio, las intervenciones en la ciudad de Teruel son un 25,5%. Según estas cifras, el coste de esos servicios en la capital ascienden a 1.324.525,75 euros, teniendo en cuenta todos los gastos imputables de acuerdo al Decreto 158/2014 del Gobierno de Aragón que regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón y que la Ley de Bases de Régimen Local establece que los municipios de más de 20.000 habitantes deben prestar obligatoriamente, por sí o asociados, los servicios de protección civil y de prevención y extinción de incendios.

Se trata de una cantidad que no tiene en cuenta las inversiones realizadas en el servicio a través de distintas líneas de subvenciones desde otras instituciones, sino que solo ha considerado los gastos asumidos con fondos propios de la DPT. Es la conclusión del informe de los costes asociados a la prestación del Servicio de Extinción de Incendios en la ciudad de Teruel que insistentemente había pedido el Ayuntamiento de la capital en los últimos meses para poner en marcha la mesa técnica que se acordó en una reunión celebrada hace ahora dos años, el 3 de marzo de 2021, y que se ha enviado esta misma mañana. El informe, ha explicado el presidente, se va a remitir también a los portavoces de los grupos políticos municipales y en la propia institución provincial.

El presidente Manuel Rando y el vicepresidente y delegado del servicio Alberto Izquierdo han expresado ante los medios de comunicación su esperanza de que, por fin, este nuevo documento que ha requerido “un exigente trabajo” para los técnicos de la institución provincial, consiga desbloquear una negociación que, a su juicio, “el Ayuntamiento no deja de retrasar”.

Tras remitir el informe, el presidente ha explicado que le gustaría tener una propuesta de trabajo desde el Ayuntamiento en las dos próximas semanas, siempre con el objetivo de resolver este tema pendiente antes de que finalice la legislatura. "No queremos llegar a los tribunales" ha resaltado Rando, que ha querido recordar además que si se da el caso de tener que recurrir a esta vía, habría que reclamar los gastos y la financiación de los últimos cinco años, y ante la posibilidad de que el Ayuntamiento se viera obligado a poner en marcha unas infraestructuras propias ha defendido la "racionalización de los recursos públicos, que es la mejor solución para todos, y también para el Ayuntamiento de Teruel y todos los vecinos y vecinas de la provincia de Teruel".

Han recordado que este no es el primer informe de gastos que se ha enviado al consistorio turolense, que rechazó el primero señalando “errores” y sugiriendo “correcciones” y volvió a rechazar la segunda versión corregida porque, aseguraban, “no servía” para ser estudiada en una primera sesión de esa Comisión Técnica.

Esta comunicación del Ayuntamiento, con fecha 6 de septiembre de 2022, reclamaba un nuevo informe, pero en opinión del equipo de gobierno de la DPT, el primer documento podría haber servido de base para comenzar la ronda de reuniones técnicas planteadas desde la institución provincial. Para Rando e Izquierdo, debería haber sido en ellas, y no a través de cartas, donde se habría avanzado con mayor celeridad. De este modo, ha apuntado, se ha vuelto a descargar sobre la Diputación de Teruel una responsabilidad que, en realidad, corresponde únicamente al Ayuntamiento, que no cumple con la ley.

La DPT asegura que los tres firmantes del informe, el Secretario General Accidental, el Interventor General Accidental y el Inspector del Servicio de Extinción de Incendios, han sumado esta labor a las muchas otras tareas de las que son responsables en el habitual funcionamiento de la institución, con la correspondiente sobrecarga de trabajo.

Ante las acusaciones de Emma Buj sobre que el debate de la prestación del servicio de Extinción de Incendios por parte de la DPT en la capital de la provincia es solo una “estrategia de desgaste o confrontación con el Ayuntamiento”, Manuel Rando y Alberto Izquierdo recuerdan que la primera reunión sobre este tema fue en septiembre de 2019, apenas unos meses después del comienzo de la legislatura y que si se ha alargado en el tiempo es por las circunstancias derivadas de la pandemia y por la inicial negativa de la alcaldesa, también diputada provincial, a negociar.

"Si el Ayuntamiento hubiera tenido voluntad de negociar en 2019 nos hubiéramos sentado en una mesa con los técnicos, y en 2020 hubiéramos tenido un acuerdo" ha asegurado Alberto Izquierdo, "un acuerdo de forma progresiva". Y ha recordado que los grupos del ayuntamiento han propuesto cada año en los presupuestos que se incluyeran partidas para comenzar ese pago. "Ha sido imposible" ha subrayado "porque la alcaldesa no ha querido, porque el teniente de alcalde, Ramón Fuertes, intentó mediar, intentó participar" como también otros grupos políticos.

Señalan que si esta Diputación no hubiera tenido voluntad de llegar a un acuerdo, ya habrían acudido a los tribunales, siempre con el objetivo de mejorar las prestaciones del servicio por el bien de la propia ciudad y del resto a los municipios a los que se debe la institución provincial. En su lugar, siempre se ha intentado respuesta a los requerimientos de información del Ayuntamiento de Teruel.