La DGA emprenderá acciones judiciales y llegará hasta las últimas consecuencias en el caso de Ateca

El Gobierno de Aragón ha abierto una investigación para determinar qué fue lo que falló en el centro de menores de Ateca para que se hayan producido los supuestos abusos, vejaciones y agresiones que han denunciado algunos de los internos y que ha llevado a la jueza a cerrar el centro y decretar prisión provisional para su director y cuatro trabajadores. Además, el departamento de Bienestar Social trabaja en una serie de medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir.

A la espera de recabar toda la información sobre lo ocurrido, la consejera Carmen Susín ha reconocido que se han “detectado deficiencias en los canales de comunicación y de información” y ha dejado claro que al Gobierno no le va a temblar la mano a la hora de depurar responsabilidades. “En el caso de que alguno de los hechos que se investiguen resulten constitutivos de delito, será el Gobierno de Aragón, atendiendo a la opinión de los servicios jurídicos, el que ejercerá la acusación correspondiente. Si no se demostrase delito, pero se detecte algún tipo de falta susceptible de sanción interna dentro de la Administración, -asegura- esta se llevará a cabo”.

Objetivo: Aclarar lo ocurrido y evitar que se repita

El objetivo ahora, como decía la consejera, es aclarar qué ha ocurrido, qué ha podido fallar, y poder tomar las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder. Y para ello se ha nombrado a un instructor que lleve a cabo una investigación interna, que recopile toda la información y trate de aclarar porqué se ha llegado a esta situación. “Se está recabando toda esa información con dos objetivos: para ponerla a disposición de la juez instructora cuando lo requiera y también para depurar responsabilidades internas en el caso de que las hubiere. Si por parte de la Administración se llega a acreditar cualquier negligencia en el deber de vigilancia y control que a esta le corresponde, se iniciarán las acciones judiciales pertinentes para llevarlas hasta sus últimas consecuencias.”

Además se van a revisar todos los casos que se han producido en los últimos dos años y se iniciará un expediente administrativo contra la entidad que gestiona el centro “por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, con el objeto de que esa empresa salga del acuerdo marco del Gobierno de Aragón y no pueda seguir trabajando con la administración regional”.

El departamento de Bienestar Social va a poner en marcha también una auditoría de todos y cada uno de los contratos que están en vigor en este tipo de centros concertados. “Pretendemos conocer si estos contratos se cumplen como está legalmente establecido, si habido más casos similares y de qué tipo, así como profundizar y diseccionar el funcionamiento de este tipo de centros para afrontar las mejoras que haya que llevar a cabo”.

Según la consejera, las familias han estado en contacto en todo momento con los coordinadores responsables de la atención de sus hijos. Los dos menores que denunciaron los hechos, permanecen con sus madres aunque de momento, la tutela la sigue ejerciendo la DGA. Y en relación a los menores que se encontraban en este centro bajo la tutela de los gobiernos del País Vasco y Baleares, estos chavales han sido trasladados a estas comunidades autónomas.

Garantizar la privacidad, el bienestar y la seguridad de los menores

Hay que recordar que toda esta historia salta a los medios de comunicación cuando dos menores denunciaron haber sufrido torturas y abusos en este centro. Una denuncia que llevó a la jueza a ordenar el cierre de esta casa de acogida y que se reubicase en otros centros a la veintena de menores que hay en ella. Menores que están siendo tutelados por la DGA porque en su día, un juez le retiró la custodia a los padres de estos chavales. “Nuestra prioridad va a ser en todo momento, garantizar la privacidad, el bienestar y la seguridad de los menores tutelados”.

En el de Ateca trabajan 33 personas entre el equipo directivo, el personal médico, los auxiliares y educadores sociales.

El Gobierno de Aragón ha anunciado que se personará en esta causa. También lo va a hacer la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada ADIVE, como acusación popular. Una decisión que está barajando también llevar a cabo el Colegio de Educadores Sociales.