La plantilla de Bosal exige a la empresa que afronte el pago de las indemnizaciones

El comité y la dirección de Bosal se verán las caras el miércoles 7 de agosto en el SAMA, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Te recuerdo que esta empresa va a cerrar su planta de Pedrola, dejando en la calle a 135 personas. La reunión llega después de que la compañía anunciara a la plantilla que no tiene dinero para hacer frente a las indemnizaciones.

El ambiente es de tristeza y también de enfado. La empresa, que fabrica tubos de escape, cesa su actividad porque ha perdido el contrato con Wolkswagen, que sustentaba el 80% de su producción. Y se perdió porque Bosal subió el precio a mitad de contrato, que en principio iba a durar hasta 2028.

Los trabajadores creen que hay una decisión “premeditada de cerrar” y han centrado sus esfuerzos en tratar de mantener la planta abierta. Pero esa posibilidad es cada vez más difícil porque están viendo incluso cómo se está desmontando la nave. “Lo observamos desde fuera porque no nos dejan entrar”, señala el presidente del Comité de Empresa, David Chico.

Así que la pelea ahora es que les paguen lo que les corresponde. “Al menos lo que les corresponde por ley, porque la empresa está dispuesta a mandarnos al FOGASA y no hacer frente a las indemnizaciones”, lamenta.

El comité entiende que “si durante 20 años Europa ha inyectado dinero a Bosal para que siguiera abierta, lo lógico es que ahora el grupo al que pertenece asuma su responsabilidad y afronte el pago de las indemnizaciones en un ERE de extinción”.

Indemnizaciones con dinero público

Si Bosal no paga, lo hace el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. O sea, que el dinero lo pone el Ministerio de Trabajo. Éste es un mecanismo con el que cuenta el Estado para abonar a los trabajadores los salarios pendientes o las indemnizaciones en empresas que se declaran insolventes, en suspensión de pagos, en quiebra o en concurso de acreedores.

Si te paga el FOGASA, el límite son 30 días por año, con un máximo de una anualidad y no más del doble del Salario Mínimo Interprofesional. O sea, en el mejor de los casos, unos 32.000 euros. Una pobre cantidad teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores tienen mucha antigüedad, algunos llevan desde que abrió, hace más de 30 años.

Pero es que, además, es dinero público. Por eso la plantilla pide al Gobierno de Aragón que no lo permita. “Es una mala gestión, no pueden quedar impunes y que sean las arcas públicas las que lo asuman”, denuncia Chico, quien considera que el grupo está haciendo “ingeniería financiera” para no afrontar sus obligaciones.

El comité ha pedido también la intervención del Cluster y del Observatorio de la Automoción, también para recolocar a estos trabajadores, que en su mayoría tienen entre 40 y 60 años.

Concentración de protesta

La reunión en el SAMA está prevista el miércoles 7 de agosto, a las 12,30h. Y desde una hora antes hay convocada una concentración de trabajadores y sus familias. Una iniciativa que ha nacido de la plantilla, que expresó en asamblea la necesidad de mostrar públicamente su malestar y su rechazo. “El espíritu es reivindicativo, para que cumplan los mínimos legales y para mostrar su tristeza por la decisión del grupo”, apunta Chico.

El cierre ha sido un mazazo porque el contrato con Wolkswagen estaba previsto hasta 2028. Y en la última reunión, cuando Bosal les dijo que se iba a declarar insolvente y que no tenía dinero para las indemnizaciones fue otro jarro de agua fría.

Después de la reunión del próximo miércoles quedaría otra, la semana siguiente, la del 12 de agosto. Son las reuniones mínimas que marca la ley en estos casos. Veremos si se produce alguna más.