El conflicto con MUFACE deja en el limbo a más de 80.000 aragoneses
En estos momentos, miles de funcionarios aragoneses no pueden pedir cita médica a partir de enero ni a través de sus aseguradoras ni en la Seguridad Social
Zaragoza - Publicado el - Actualizado
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¿Cómo repercute a los aragoneses el conflicto entre el gobierno central y MUFACE? Esta mutua presta atención sanitaria a muchos funcionarios pero las 3 aseguradoras que forman parte del convenio (Adeslas, Asisa y DKV) quieren dejar el servicio porque afirman que están recibiendo muy poco dinero por parte del gobierno.
El servicio debe licitarse de nuevo y en una primera convocatoria no se presentó ninguna de estas tres aseguradoras. Ahora, en una segunda licitación, algunas han mostrado interés pero eso sí, pidiendo más dinero. De momento, sin acuerdo entre el gobierno central y las aseguradoras sanitarias, más de 80.000 funcionarios en Aragón se han quedado a partir de enero en un limbo sanitario que les impide poder concretar citas médicas. Por todo ello, durante este miércoles se han convocado varias manifestaciones de los funcionarios aragoneses.
"Consideramos inaceptable que porque haya caducado el plazo de la licitación anterior se nos haya dejado sin cobertura sanitaria. Solicitamos que los funcionarios sigamos teniendo garantizada una cobertura sanitaria de calidad", nos contaba Pilar Calvo en COPE, presidenta del sindicato ANPE que representa a los docentes aragoneses.
En estos momentos, los afectados no pueden ni siquiera pedir citas médicas para dentro de unas semanas. Están en un limbo. No tienen ningún tipo de servicio: ni en las aseguradoras ni en la sanidad pública a partir del 1 de enero.
"Hay centros de salud y clínicas de nuestras aseguradoras que no están dando citas desde el 1 de enero. También nos ponen problemas con las autorizaciones de pruebas. Por ejemplo, en el caso de la aseguradora DKV teníamos una aplicación para poder coger citas, autorizar pruebas... esa aplicación ya no nos permite hacer ningún trámite", nos cuenta Pilar. Y ello a pesar de que el gobierno y las aseguradoras habían dicho que el servicio se mantendría hasta el 31 de enero y así, ganar margen para la negociación.
"Pedimos que se llegue a un acuerdo porque no nos pueden dejar sin asistencia sanitaria sin ninguna planificación", reclaman los manifestantes.
LA REPERCUSIÓN EN LA SANIDAD PÚBLICA
Si todos estos funcionarios en Aragón (80.000) más todos sus beneficiarios (por ejemplo, sus hijos) pasasen a la atención sanitaria pública se produciría una saturación aún mayor de la que ya hay en muchos centros de salud, hospitales y especialistas. Las consultas de atención primaria en los centros de salud públicos subirían un 200 por cien, habría que habilitar unas 115 camas adicionales en los hospitales aragoneses y el coste para la sanidad pública aragonesa sería de más de 160 millones de euros.
"Todos los mutualistas estamos en una situación de inseguridad. Algunos ya han recibido correos electrónicos diciendo que finalizaban sus atenciones", afirma Medea, otras de las manifestantes.