La razón por la que una vecina de Asturias tiene que pagar más de 92.000 euros por el impuesto de sucesiones

En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha confirmado que una mujer tendrá que pagar más de 92.000 euros por el impuesto de sucesiones derivado de la herencia recibida de su tía, a pesar de que ella consideraba que dicho impuesto estaba prescrito. La controversia se centra en un asunto relacionado con la fecha de devengo del impuesto y las complejidades legales que rodean el Registro Civil.

La heredera, que había presentado la autoliquidación del impuesto de sucesiones en agosto de 2020, reclamaba que el plazo para el pago ya estaba vencido, ya que según ella, su tía había fallecido en 2015. Según la normativa vigente, el plazo de prescripción para liquidar el impuesto de sucesiones es de cuatro años, por lo que, de haber sido cierto que la muerte ocurrió en 2015, la mujer pensaba que el impuesto ya no estaba vigente.

Sin embargo, la administración tributaria y posteriormente el Tribunal Económico-Administrativo (TEARA) rechazaron su solicitud, indicando que la fecha clave para determinar el devengo del impuesto no es la del fallecimiento, sino la fecha de inscripción en el Registro Civil del mismo. Aunque la mujer aportó pruebas de que su tía había muerto en 2015, el fallecimiento no se registró oficialmente hasta 2019, lo que significa que la fecha de inscripción fue la que se utilizó para calcular el plazo de prescripción.

De acuerdo con el artículo 24.1 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el devengo del impuesto tiene lugar en el momento del fallecimiento o, en su defecto, cuando el fallecimiento es inscrito oficialmente en el Registro Civil, tal como establece el Código Civil. En este caso, el Tribunal ha subrayado que el asiento registral en el Registro Civil tiene "presunción de veracidad" y efectos jurídicos plenos, lo que significa que la inscripción de la muerte en 2019 es la que se utiliza para determinar el inicio del plazo de prescripción.

El impuesto de sucesiones

El tribunal también recordó que la fecha del fallecimiento no se puede modificar mediante pruebas de indicios, como las aportadas por la heredera. En su lugar, se debe tomar como referencia el asiento registral, ya que este es el documento oficial que acredita la muerte y tiene valor jurídico. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso de la heredera y confirmó la obligación de abonar los 92.036,08 euros del impuesto de sucesiones.

Este fallo subraya un aspecto fundamental en el ámbito fiscal: la importancia de los registros oficiales. A pesar de que la mujer presentó argumentos y pruebas sobre la fecha de fallecimiento de su tía, el hecho de que la inscripción no se realizara hasta 2019 implica que el plazo para el pago del impuesto no había prescrito, por lo que no tiene derecho a la devolución del dinero.

La resolución también pone de manifiesto una faceta del sistema tributario que puede ser compleja para muchos ciudadanos: la interrelación entre los plazos fiscales y los trámites registrales. En este caso, la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil fue determinante para la liquidación del impuesto, dejando a la heredera con la obligación de abonar la cantidad correspondiente.

Aunque este tipo de situaciones pueden parecer injustas para los afectados, es importante destacar que la legislación establece reglas claras para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa y que los plazos y procedimientos se respeten de forma rigurosa. Sin duda, este fallo será relevante para quienes se enfrenten a situaciones similares, recordando que la inscripción en el Registro Civil es un factor crucial en el ámbito fiscal y legal.