CONTRATO DESIERTO
Así podría afectar en Asturias la falta de cobertura a los beneficiaros de MUFACE
El sindicato CSIF anuncia movilizaciones contra el Gobierno central para pedir la continuidad del mutualismo administrativo
Oviedo - Publicado el - Actualizado
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La incertidumbre se ha apoderado de los beneficiarios de MUFACE. La renuncia de las aseguradoras a acudir al contrato del concierto sanitario hace que peligre la asistencia sanitaria de los funcionarios. En Asturias hay cerca de 36.000 personas que pertenecen a MUFACE, según cálculos del sindicato CSIF. La cifra crece hasta los 40.000 si se suma a los funcionarios de la rama de Justicia y a trabajadores de las Fuerzas Armadas. Y crece todavía más si se incluye a cónyuges o hijos, que también pueden estar acogidos a las mutuas. MUFACE insiste en que “se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias”. Pero se abre la puerta de manera clara a que esto pudiera derivar en una caída de esa cifra de asturianos al sistema público de Salud, que no está precisamente boyante en los últimos tiempos.
Cristina Esteban, del sindicato CSIF, advierte de lo que podría suponer que las mutuas se queden sin compañías aseguradoras que den al cobertura: “Estaríamos viendo que el SESPA debería cargar con 40.000 personas más cuando estamos hablando de que ya está sobrepasado el sistema y hay mucha lista de espera, de que la atención primaria está sobrecargada y llamas al médico y tardan días en darte cita, de que para hacer cualquier prueba te den para varios meses”. El impacto para la red de salud del Principado sería brutal. Es casi un 5% de la población de Asturias.
MANIFESTACIONES POR TODA ESPAÑA
El CSIF a nivel nacional ha convocado una manifestación en las subdelegaciones de Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda en Madrid para el próximo lunes día 11. Piden la continuidad del mutualismo administrativo. Sobre la responsabilidad de esta situación no tienen dudas. Las condiciones del nuevo concierto que ofrece el Gobierno central son “insuficientes”. Algo que reconocen las propias aseguradoras, a las que no les salen las cuentas y por ello rechazan asumir el contrato.