Estas son las diez medidas comprometidas por el PP en Asturias para abartar el precio de la vivienda
El documento firmado en Oviedo recoge bajada de impuestos, más suelo y seguridad para los propietarios
Oviedo - Publicado el - Actualizado
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La cumbre que ha reunido en Asturias al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con todos sus barones ha concluido con la firma de una declaración que pone las bases a un futuro plan de vivienda ante la escalada de precios tanto para la compra como para el alquiler. Los dirigentes populares han dado forma al documento en el Palacio de Luces de Colunga y lo han firmado en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.
La Declaración de Asturias incluye diez medidas. Entre otras, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4 % el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) a jóvenes menores de 40 años.
DECÁLOGO
La Declaración de Asturias recoge diez medidas. El documento plantea rebajas de impuestos para quien compre, alquile o arriende una vivienda. Entre otras, la reducción del 10 al 4 por ciento el impuesto para comprar una vivienda de segunda mano a los menores de 40 años. "Con un enorme esfuerzo y una enorme generosidad de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 % al 4 % para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la administración pública", ha anunciado Feijóo.
Alberto Núñez Feijóo presenta sus propuestas en materia de vivienda
El PP propone, además, ampliar los avales de las administraciones públicas a los jóvenes hasta el 100 por cien de la hipoteca para pagar la casa. La estrategia popular pasa por reformas legales para facilitar más terreno donde levantar viviendas y conseguir que con más oferta bajen los precios. También quieren fomentar el alquiler con un seguro para garantizar que los propietarios cobran las rentas, con medidas antiocupación y derogar la Ley de Vivienda para tumbar las zonas tensionadas. Además incluye medidas para reducir la burocracia y rebajar de nueve a tres meses el plazo medio para las tramitaciones urbanísticas