SOCIEDAD

Los comités de empresa de Bienestar Social piden la dimisión de la directora canaria de Dependencia

Critican la deriva negativa en el sistema de altas y los pésimos datos del mes de febrero

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Daniel Pinelo

Tenerife - Publicado el - Actualizado

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Los dos comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias han pedido por unanimidad de todos sus integrantes el cese con carácter inmediato de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez.

En una reunión telemática celebrada el miércoles, los comités de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han acordado pedir la salida de Ramírez por “la incompetencia demostrada para trabajar en coordinación con los trabajadores, acatar y transmitir las órdenes superiores, así como evaluar las acciones llevadas a cabo con el fin de revertir el caos actual que se ha producido en la Dirección General de Dependencia”.

Los comités de empresa aluden a los malos datos de febrero de 2023 en el sistema de Dependencia en Canarias, cuando, según el IMSERSO, solo se concedieron seis altas en el Programa Individual de Atención (PIA), frente a las 499 bajas.

Yolanda Cívicos, la delegada del Comité de Empresa de Las Palmas, denunció semanas atrás en COPE Canarias que esta tendencia negativa va a seguir “durante un tiempo”: “Si no se frena la dinámica de trabajo, se va a repetir y continuará varios meses”.

Tanto la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, como el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han explicado que el mal dato de febrero se debe a un cambio en el sistema de la comunidad autónoma, pero los sindicatos insisten que, aunque la cifra pueda variar un poco respecto a los datos del IMSERSO, el saldo mensual sigue siendo negativo.

Bajas laborales del personal de Dependencia

Los dos comités, en el comunicado enviado a los medios tras la reunión del 20 de marzo, exponen que los trabajadores de Dependencia viven en una “situación de estrés y presión que está dando lugar a un elevado número de bajas laborales”, lo que pone en jaque al servicio.

Solicitan, además, crear una comisión de trabajo en cada provincia para, “una vez analizada la situación en todas las áreas del servicio, proponer los cambios que se entiendan necesarios para poder avanzar y crear el menor perjuicio posible a la ciudadanía, todo ello, desde el máximo respeto de los derechos de los trabajadores”.

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