La Fiscalía denuncia por 3 delitos a un centro para menores de Gran Canaria

La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella contra seis responsables y trabajadores del centro de acogida de menores llegados en patera que se habilitó hace dos años en los apartamentos Puerto Bello, en la localidad turística de Puerto Rico (Gran Canaria), por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves.

La querella, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido presentada en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, a raíz de la denuncia que cursó el 15 de junio de 2021 la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, después de recibir un correo electrónico anónimo de trabajadores del centro de menores por supuestos casos "de agresión sexual, prostitución, violencia física y otras".

El decreto de la Fiscalía por el que se formula la querella se señala que en el centro se producían "continuas fugas, autolesiones de los menores, problemas de convivencia con los vecinos de la zona, menores que se sentían totalmente desprotegidos y temerosos y una sospecha de agresión sexual a un menor que no se puso en conocimiento de las autoridades" y que ya ha sido puesta en manos de los juzgados por el Ministerio Público en otro procedimiento.

Según se expone en la querella, un menor llegó a coserse la boca ante la intimidación que padeció para que no hablase tras ser golpeado por un auxiliar técnico educativo y otro fue golpeado porque tenía una cachimba en la habitación, a pesar de que había advertido varias veces de que no la podía usar en el centro.

Sostiene la Fiscalía que todas estas situaciones eran notificadas al director y subdirector del centro, pero las ignoraron pese a los requerimientos de los trabajadores, que acudieron al personal de la Fundación Social Siglo XXI, responsable de su gestión, que también "hizo caso omiso".

A juicio del Ministerio Fiscal, de ese modo todos ellos dejaron de cumplir "a sabiendas de su obligación como encargados de la custodia y tutela de los menores" e infringieron de manera "flagrante, arbitraria y sin justificación legal", de forma "muy grave" los deberes de un tutor con su pupilo.

Añade el escrito que la saturación del centro y el escaso personal con preparación daba lugar a peleas constantes entre los menores, amenazas, hurtos entre ellos, consumo de alcohol y drogas, falta de limpieza en las habitaciones, descontrol en el suministro de medicamentos, deficiente atención sanitaria, sobre todo en supuestos de enfermedades mentales, así como ausencia de planificación y actividades educativas.

Además había un "descontrol en la entradas y salidas, daños a las estructuras del centro y ausencia de personal preparado para contenciones físicas y de intimidación sobre algunos menores totalmente desproporcionadas".

El citado centro de acogida de menores no acompañados se abrió el 1 de diciembre de 2020 con 20 inmigrantes, aunque su ocupación media osciló luego entre 180 y 190 chicos, cifras que superaban su capacidad alojativa, ya que disponía en cada una de sus tres plantas de 19 habitaciones, por lo que sus usuarios llegaron a dormir en colchones en el suelo, según el Ministerio Fiscal.

El centro fue cerrado por los requerimientos de la Fiscalía a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y durante el tiempo que estuvo abierto sus responsables como directores fueron Fernando P.R., hasta el 14 de junio, cuando se publicaron las supuestas irregularidades en algunos medios, y después Omar M.B., que primero fue subdirector, cargo en el que le sustituyó José Jonathan A.M., quien asumió también la dirección.

De la dirección técnica de la Fundación se encargaba Manuel D.S., quien contrataba al personal y comprobaba el funcionamiento del centro, y de la gerencia Rafael B.G.

Además, el centro no disponía de cédula de habitabilidad, de plan de evacuación y de espacios comunes para facilitar a los menores actividades grupales y de convivencia.

Para la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, el personal era "claramente insuficiente" y sin preparación para la atención de los menores, algunos de los cuales apenas hablaban español, no les fue exigido certificado de delitos de naturaleza sexual, carecían de estudios o procedían de sectores laborales como la agricultora o el sector servicios y fueron contratados para tareas de vigilancia, por lo que no se ofrecían proyectos educativos.