Jóvenes con discapacidad y fuera de las aulas: cuando la ley impide seguir estudiando

La ley fija en 21 años la edad máxima para estar escolarizado, una barrera para cerca de cien jóvenes discapacitados que se ven sin posibilidad de seguir formándose. Y es que, según denuncian sus madres y padres, la Administración no les ofrece ninguna alternativa, ya que no hay manera de conseguir una plaza en un centro ocupacional.

Mariola y Ruth pertenecen a la Plataforma ¿Y ahora qué hacemos?, un colectivo creado para denunciar esta situación. El hijo de la primera, Jason, cumplió los 21 en marzo, pero a su madre le avisaron en diciembre de que no podría seguir en el instituto a partir de este curso. Sigue sin poder inscribirlo en un centro ocupacional: "No me dan soluciones y espero recibir hoy la llamada de la consejera Candelaria Delgado", ha señalado en Herrera en COPE Canarias.

El panorama familiar es complicado: "Me faltan dos meses para acabar la formación de sociosanitaria e insertarme en el mercado laboral, pero estoy nerviosa porque mi padre cuida a Jason, me llama a cada momento y no puedo concentrarme, porque tengo una cabeza en los estudios y otra en mi hijo; no me dan ayudas y no sé qué hacer".

Mariola se pregunta que, si la Constitución consagra el derecho a la educación, por qué su hijo, al cumplir los 21 años, no puede seguir estudiando.

Texeida, la hija de Ruth, lleva desde 2019 en la "lista de la vergüenza", como relata su madre. Sigue sin conseguir plaza en un centro y "su calidad de vida a nivel social, personal y educativo ha ido para atrás", señala.

Su caso es grave, pero denuncia que hay otros peores, como "padres que han tenido que dejar su trabajo para atender a sus hijos, pidiendo bajas voluntarias o yéndose directamente". "La situación es de urgencia, porque se está desamparando a un colectivo discapacitado, y eso habla mucho de nosotros como sociedad", añade.