USO retoma las protestas para exigir respuestas sobre la residencia de El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria

El sindicato USO-Canarias ha informado este jueves de que ha retomado las protestas frente a la residencia de El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria, para exigir que Cabildo de Gran Canaria y empresa den respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores, ya que aseguran que "tras más de un mes de huelga y movilizaciones aún no hay respuesta clara y definida".

Para el sindicato es un "esperpento y una barbaridad" la última propuesta de la consejera insular Isabel Mena a los trabajadores, "en la que les animaba a cubrir el servicio y renunciar al sueldo los días de huelga", según ha informado USO en nota de prensa.

Además aseguran que los trabajadores "aún están tratando de ubicar las 50 camas que supuestamente la consejera Mena adquirió" para ser utilizadas en la residencia, sin embargo un año después "siguen sin aparecer". En este sentido, el sindicato ha solicitado tener acceso al expediente de compra y se plantea tomar acciones legales, ya que el material podría "no haber llegado al Pino, o por lo menos, no en su totalidad".

Asimismo proponen a Mena visitar, junto con el comité de huelga, las instalaciones, ya que justifican mantener la misma hasta que los cuatro puntos reivindicados por los trabajadores "se resuelvan o, al menos, el Cabildo garantice por escrito y con acciones claras" su resolución.

Las cuatro reivindicaciones son el pago de los atrasos de la subida salarial, garantizar el descanso diario, descanso semanal y horas extraordinarias, la mejora del material de trabajo y de las instalaciones, y la garantía de no externalizar los servicios generales.

Sobre esto último, instan al Cabildo de Gran Canaria a asumir la gestión de la residencia El Pino, entendiendo que solamente una gestión pública de los recursos sociosanitarios "garantiza una atención de calidad" para los mayores. Además añade que la UTE ICOT-INSURE "ha incumplido, no sólo la legislación laboral vigente, sino también el contrato con el IAS y el Cabildo de Gran Canaria, prestando un servicio pésimo y permitiendo que esta situación llegara al punto" actual.