Arucas apoya el plan parcial de ordenación del litoral norte, pero pide consenso entre las administraciones

El Cabildo de Gran Canaria aprobó el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15).Según apuntan desde la corporación insular se trata de un hito histórico, “por tratarse de un instrumento absolutamente imprescindible para el desarrollo del norte de Gran Canaria, por el que se está apostando de forma decidida".

Según el presidente insular, Antonio Morales, el norte "ha sufrido durante décadas un trato desequilibrado por parte de algunas instituciones, que estamos corrigiendo y para lo que este acuerdo es un avance muy importante".

El Plan queda delimitado por los municipios de Arucas, Villa de Moya y Santa María de Guía, y su finalidad es ordenar el área estratégica situada en la costa de Bañaderos, Quintanilla, San Andrés, El Roque y San Felipe, en virtud de sus características naturales o funcionales, para equipamientos costeros, servicios recreativos, náuticos y otros usos de oportunidad, así como residencial y actividades comerciales logísticas.

Su objetivo estratégico es la conservación, restauración o potenciación de los valores naturales y paisajísticos existentes y característicos del lugar, tanto terrestre como marino, así como la recuperación ambiental de toda la zona.

Asimismo, el planeamiento habilita equipamientos de ocio, turísticos y de desarrollo, incluye la necesidad de implantar un parque empresarial en el enclave y garantiza la conectividad del lugar por medio de un eje verde estructurante en forma de paseo en el litoral, además de una vía rápida que se ubicará en la parte más cercana a la tierra.

Desde el cabildo insular han puesto de relieve que "la movilidad forma parte del desarrollo estratégico de un territorio” y que nueva vía que plantea el Plan es totalmente necesaria, "porque hay tramos en los que no se puede circular a más de 50 kilómetros por hora y eso supone falta de incentivos, pérdidas reales para el comercio y para la pequeña y mediana empresa y para la industria local, y riesgo para la ciudadanía".

Ha habido reacciones por parte de las corporaciones municipales afectadas por el plan. La aplicación de esta propuesta podría afectar a los vecinos del litoral y se podrían realojar a vecinos de la zona, aunque desde la ejecutivo han señalado “que tienen bolsas de suelo para realojar a los posibles afectados”.
"El Cabildo está haciendo un servicio público integral para los municipios y para la ciudadanía", según Morales, quien ha advertido que "acudirá a los tribunales, si cualquier decisión que se adopte atenta contra los vecinos".

ARUCAS A FAVOR DE LA MAYORÍA DEL DOCUMENTO

Desde el consistorio de Arucas señalan que están a favor del documento porque han estado trabajando con ellos, con propuestas que se hicieron con técnicos del municipio.

están a favor del amplio documento que se ha trabajado porque hemos estado en algunas reuniones con algunas propuestas que en el ayuntamiento se hicieron técnicamente y se recogieron a través de enmiendas por el grupo de gobierno”.

El alcalde insiste que la preocupación pasa ahora por dichas enmiendas, que han sido presentadas por Costa en el dominico público marítimo terrestre. Es decir, las viviendas que pueden verse afectadas y si finalmente van a actuar en y derribo o no.

“Lo que decimos y hemos manifestado, es que estudiamos ahora la aprobación definitiva del plan que se publicará en el BOE en estos días y cuando nos remitan todo el documento, nuestros técnicos y juristas lo van a estudiar para saber cómo afectará a mis vecinos. De forma que de manera en zonas de servidumbre, en zonas residenciales, nosotros no tenemos que actuar, salvo excepciones”, añade.

Asegura el alcalde que a pesar de que tengan suelo para el realojo de viviendas a ellos no les corresponde decidir si derriban las viviendas. “Pero tenemos un suelo para realojo de viviendas afectadas de ese dominio público, si tuviésemos que derribar, que esas personas tengan una vivienda cerca de donde han vivido”.

Juan Jesús Facundo: “No estamos de acuerdo con el planteamiento que se hacía que debían ser los ayuntamientos los que debían de actuar, cosa que el documento deja entre ver que todas las administraciones deben estar unidas: ayuntamientos afectados, cabildo y ejecutivo regional”.

“No estamos de acuerdo, que si la intención del cabildo ha sido de eliminar los acuerdos o esas disposiciones legales impugnadas por ley, vamos a impugnar. En total son 150 viviendas afectadas, entre dominio público, servidumbre y protección, señala.

Destacaba en nuestros micrófonos que “los vecinos no están de acuerdo en que se les realoje, salvo en ciertas condiciones. Es verdad que nuestra costa está deteriorada, el cambio climático nos está haciendo más daños, hay un aumento progresivo de la marea y esto afecta a las viviendas en primera línea. Hay que buscar una mejor habitabilidad, pero hay que hacerlo con el consenso con los vecinos, por eso debemos empezar a trabajar en un plan que contemple otro tipo de actuaciones, también de infraestructura viaria”.

Concluye destacando que “es una plan especial y hay que ir de la mano con todas las administraciones”.