Denunciado por tener en su local de Fuerteventura a dos tortugas bobas disecadas

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha denunciado administrativamente el 5 de agosto al responsable de un local de restauración por tener dos tortugas marinas 'boba', en relación a la Ley Orgánica 12/1995, sobre la reprensión del contrabando, por la tenencia de un espécimen protegido incluido en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) sin justificar su procedencia.

Esta denuncia se produce después de que agentes del Seprona realizaran en el local de restauración en cuestión una inspección rutinaria en materia de control de trazabilidad de productos pesqueros que se lleva a cabo en diferentes restaurantes de Fuerteventura, comprobando entonces como en el establecimiento existían dos ejemplares de tortuga marina 'Boba', según ha informado la Guardia Civil.

Esta especie se encuentra incluida en el Apéndice I del Convenio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, y para la tenencia de la misma, partes y subproductos, se necesita documentación que acredite la legal procedencia.

Posteriormente, los agentes del Seprona inspeccionaron los especímenes verificando la autenticidad del caparazón y comprobando además que la misma está incluida en el convenio CITES- Apéndice I, un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.

Así tras verificar que el responsable del local no podía acreditar la tenencia legal de la parte de este espécimen, la Guardia Civil realizó la correspondiente acta denuncia, que conllevó la aprehensión de los dos ejemplares que han quedado a disposición de la Autoridad Aduanera e Impuestos Especiales.

La correspondiente acta denuncia ha sido remitida a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales por ser el organismo competente en la materia, además de dar conocimiento de la misma a la Fiscalía de Medio Ambiente por si existiera indicio de delito.