Denuncian al propietario de una finca por el vertido continuo de aguas residuales

Agentes de protección medioambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado al propietario de una conocida finca, en la que se celebran eventos en el barrio de Tafira, por el vertido continuo de aguas residuales hacia el barranco del Guiniguada.

La denuncia se ha interpuesto después de que a finales del mes de agosto varios vecinos de Tafira informaran ante la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento capitalino del mal olor que se respiraba desde un sendero que bordea el barranco del Guiniguada, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

Los hechos se pusieron en conocimiento de agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local que se trasladaron a la zona afectada por los malos olores para iniciar una investigación sobre su procedencia debido a que el sendero está en suelo de protección natural y próximo al paisaje protegido de Pino Santo.

Los agentes detectaron durante la inspección que a escasos metros del sendero había una tubería que emergía de la ladera y de la que emanaban aguas residuales que corrían hacia el cauce del barranco de Guiniguada.

Además comprobaron que la vegetación afectada por las aguas estaba muerta y del terreno emanaba un olor "difícilmente soportable" según consta en el informe policial. Los policías también observaron que en el recorrido de las aguas residuales habían toallitas y otros residuos domésticos que indicaban que la procedencia del vertido no podía ser otra que la única vivienda que había en el entorno, hecho que posteriormente fue confirmado.

Se trata de una finca de más de 9.000 metros cuadrados y aproximadamente un siglo de antigüedad, de uso residencial y en la que se celebran habitualmente eventos. Esta propiedad privada carece de conexión a la red de alcantarillado municipal y tampoco dispone de fosa séptica, por lo que todas las aguas residuales son vertidas diariamente y de forma continuada hacia el barranco, según se concluye en la investigación policial.

Por todo ello, los informes elaborados por los agentes de la UMEC denuncian al propietario de dicha finca ante el Ayuntamiento y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, por lo que se inicia un procedimiento sancionador que podría resolverse con multas de hasta 300.000 euros, además de la obligación de corregir la situación y reponer el daño causado.

Asimismo, dado que el vertido ha podido dañar suelo de protección natural y afectar al Espacio Natural Protegido de Pino Santo, la Policía Local ha remitido diligencias a la Fiscalía Provincial de Medioambiente por si se hubiera incurrido en responsabilidad penal por un delito medioambiental.