Lucas Bravo de Laguna, sobre la querella de la Fiscalía: "Estoy muy tranquilo, todo está declarado"

En los micrófonos de Herrera en Gran Canaria hemos escuchado el testimonio de uno de los empresarios a los que acusa la Fiscalía, Lucas Bravo de Laguna, propietario de B&M Sport Marketing. Recordaba que solo se le imputan delitos fiscales y que, cuando el magistrado a cargo de la causa se ponga en contacto con su abogado, le remitirán toda la información, pidiendo al mismo tiempo que se deje trabajar a la justicia.

Bravo de Laguna aseguraba que todos los gastos de su empresa están presentados a Hacienda y se ha declarado la totalidad del dinero recibido por la contratación en los expedientes analizados por la Fiscalía provincial de Las Palmas, sobre la compra de mascarillas y otros materiales sanitarios, en 2020 y 2021. Años en los que la firma recibió 1.294.385 y 1.059.349 euros, respectivamente por este cometido.

En este sentido, recordaba el contexto en el que se produjo la contratación, con grandes dificultades, de la compra del material. Los responsables del SCS buscaban distintas vías para su adquisición y una de ellas fue una empresa de Madrid que tenía experiencia en esta materia.

Contratado para realizar tareas logísticas

El que fuera consejero del Cabildo de Gran Canaria señalaba que su empresa fue contratada por otra firma, Tabaiba, cuyo administrador único es el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para llevar a cabo actividades logísticas. En concreto, certificar que todo el material comprado se entregaba correctamente en cantidad y calidad.

Una tarea para la que, a su vez, se contrató a una persona, Christian Cerpa, con el objetivo de que le ayudara en ese cometido. En el auto del juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria consta que a Cerpa por este motivo se le transfirieron 286.401,04 euros en el año 2020 y 295.431,63 euros en el año 2021.

Bravo insistía en que su empresa, creada en 2015, sigue con su actividad y con todos los datos presentados a Hacienda. Preguntado sobre si pensaba que el resto de los acusados pudiera haber incurrido en fraude, respondía que “cada uno conoce las cuentas de su empresa, no tengo ni idea sobre los demás, yo estoy tranquilo y quiero pensar que los demás también”. Sí reconocía que ser acusado de esta manera le ha generado intranquilidad, especialmente en su entorno familiar.

Auto del juzgado que investiga la querella

Hoy hemos conocido el auto del Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, por el cual se ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra cuatro empresarios por supuestos delitos contra la Hacienda Pública por la compra de venta de mascarillas higiénicas, y donde Tabaiba, cuyo administrador único es el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, tenía "únicamente" como finalidad beneficiar a Ramírez "para lucrarse" del suministro de material sanitario.

El auto recoge que la querella que se ha admitido a trámite es contra Miguel Ángel Ramírez, el político Lucas Bravo de Laguna, así como Christian Cerpa y Noel Jammal, según las siglas a las que hace referencia el comunicado difundido por la Fiscalía Provincial de Las Palmas (MARA, LBLC, CCE y NJF) y que corresponden a estas cuatro personas.

La investigación comenzó con una inspección de la Agencia Tributaria

Señala el auto que esta querella se basa en la inspección realizada por la Agencia Tributaria de Las Palmas tras la pandemia de Covid-19 sufrida en España en 2020, y en la que las entidades Damco Trading Services SA y Tanoja Services SL, siendo administrador único de ambas Noel Jammal, contrató verbalmente, por la tramitación de urgencia de contratos del sector publico, con el Servicio Canario de Salud (SCS), el servicio de material sanitario para los hospitales del SCS, por lo que Damco percibió 15.891.610 euros en el año 2020 y en 2021 unos 2.786.000 euros.

Por su parte, Tanoja Services Sl, que pertenece al mismo administrador único, recibió 4.230.000 euros por el mismo suministro. Damco, según recoge el auto, proponía al SCS el suministro de materiales y formalizaba el pedido al proveedor internacional cerrando el precio de compra, flete, seguro, costes de aduanas e intervención de calidad.

Este material se enviaba a las instalaciones de Integra2, en el Polígono Industrial del Goro, en Telde (Gran Canaria), que se encargaba de transitorios pagados por Damco. Es en esa relación cuando se introduce a dos personas jurídicas y una física, siendo la primera de ellas Tabaiba Capital SLU, con socio y administrador único Miguel Ángel Ramírez.

Tabaiba es constituida en 2017 para la gestión y dirección de valores representativos de los fondos propios de sociedades y otras entidades participadas por la misma. Si bien el nombramiento de administrador único de Ramírez se realiza el 24 de abril de 2020, tras otros administradores, siendo ese mismo día cuando Tabaiba y Damco firman un contrato anual prorrogable para realizar "gestiones necesarias" para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos para Canarias en exclusiva.

En concreto, Tabaiba localizaría posibles potenciales clientes para la venta de los lotes de productos, percibiendo "el 100 por 100 del sobreprecio" que obtuviera de los eventuales compradores para cada uno de los lotes de productos, aunque a pesar del "contrato firmado, según Tabaiba las funciones que asumía era la de recepcionar las mercancías, evaluar la calidad y cantidad" de las mismas con la distribución y entrega de productos a los clientes de Damco.

Subcontratación

Posteriormente, Tabaiba contrata con la entidad B&M Sport Marketing SLU, constituida en el año 2015, sin medios material salvo sus socios y un empleado hasta el año 2018, siendo en este caso administrador único Lucas Bravo de la Laguna, el 30 de abril de 2020 la gestión e intermediación y a través de B&M, Damco introducía en Canarias material sanitario que había concertado Tabaiba con Damco.

"Es decir, Tabaiba subcontrata con B&M la realización del contrato que contrató con Damco, que era la recepción, distribución de los productos, y control de la mercancía hasta su entrega, por el precio del 33 por ciento IGIC incluido, del importe que Tabaiba perciba de Damco".

Al mismo tiempo, el 22 de abril de 2020, B&M firma un contrato anual y prorrogable con Christian Cerpa para que se encargue de la supervisión del material sanitario que le indique la entidad, contactando con proveedores autorizados de cada material, seguimiento del transporte, supervisión en destino, gestión de retirada y restitución de material defectuoso, percibiendo la cantidad que se establezca en cada operación.

Por toda esta intervención de empresas Damco recibió del SCS 15.891.610 euros en el año 2020 y 2.786.000 euros en 2021, mientras que Tanoja Services SL obtuvo 4.230.000 euros en 2021, Tabaiba recibió de Damco, por las gestiones que luego encomendó a B&M, 4.589.085,24 euros en el año 2020, y Tanoja 2.338.000 y 2.196.000 euros.

Los pagos entre las empresas

A su vez Tabaiba transfirió a B&M 1.294.385 euros en el año 2020 y 1.059.349 euros en 2021, y B&M a Cerpa 286.401,04 euros en el año 2020 y 295.431,63 euros en el año 2021. Además Cerpa fue contratado directamente por Damco para supervisar los envíos y en el año 2021 percibió de Damco directamente el importe de 280.400 euros.

Con todas estas cifras, Tabaiba hasta 2019 "no declaró importe" alguno como cifra de negocio y en los impuestos de Sociedades de los años 2021 y 2020 declaró una cifra de negocios de 4.624.207,77 euros y con resultado antes de impuestos de 2.780.973,89 euros, y en el año 2021 el importe 5.464.453,16 euros, con resultado antes de impuestos de 3.143.167,93 euros.

De todo ello, recoge el auto, se deduce que Tabaiba "no" ha ordenado por medios propios de producción o recursos humanos para la tareas encomendadas, por lo que los ingresos declarados por Tabaiba de Damco o Tanoja "no se consideran procedentes de una actividad económica y no serían aptos para dotar la RIC", por lo que entienden que la dotación efectuada en el año 2020 debía ajustarse a positivo y daría una cuota defraudada de 713.733,56 euros.

Señala además que debido a que Tabaiba carecía de medios materiales y personales propios, los fondos recibidos por la misma, tenía "únicamente como finalidad beneficiar al Sr. Miguel Ángel Ramírez, para lucrarse del suministro de material, interponiéndose la Sociedad Tabaiba".

Respecto a la entidad B&M, indica que los "únicos servicios prestados por B&M en el año 2020 y 2021 son los ingresos percibidos por Tabaiba Capital y Wewin Soprt Marketing SL, esta ultima participada por Jedisky SLU y Volavi Canarias SLU, entidades ambas de Sr. Bravo de Laguna y Andrea Peñate, siendo los únicos ingresos de Wewin, los procedentes del Club de Fútbol La Unión Deportiva de Las Palmas SA, donde ejerce de director comercial" --equipo presidido por Ramírez, administrador único de Tabaiba--.

Las conclusiones del auto

Concluye que al carecer B&M de estructura medios materiales o humanos "se ha producido una simulación para interponer los ingresos recibidos por Bravo de Laguna en esos ingresos", debiendo ser tratadas como rendimientos de trabajo, sometidas al IRPF, recibiendo unos ingresos mensuales de unos 9.000 euros de la UD Las Palmas, casi siempre, en los años 2020 y 2021, por lo que la cuota que debió atenderse en el IRPF defraudada del año 2020 era de 272.507,51 y en el año 2021 de 249.324,63 euros al incluirse así mismo las cantidades recibidas por Tabaiba".

En cuanto a Cerpa, está dado de alta en actividades profesionales financiera, jurídica, seguros, desde el año 2014, si bien es en el año 2020 cuando esta persona recibe de B&M el importe facturado de 311.305,48 euros y cantidades de dinero directamente de Damco por seguimientos de envío, entre otros, cobrando por ambas empresas por las mismas mercancías.

Además de carecer de medios de producción o de recursos humanos para realizar en los años 2020 y 2021, y dotó la RIC por importes de 250.000 y 395.000 euros respectivamente, unido a otros ajustes establecidos por no deducibilidad de una series de gastos en su impuesto de IRPF, por lo que se entiende que ha defraudado "en el año 2020 138.750,44 euros y 187.258,04 euros, en 2021".