Roban más de 500 kilos de aguacates en fincas de producción de Gran Canaria

El Equipo Roca de la Guardia civil de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a cuatro hombres, de entre 40 y 55 años, por delitos contra el patrimonio al acceder a fincas dedicadas a la explotación agrícola, concretamente a la producción de aguacates, en Arucas y Gáldar (Gran Canaria).

Estas personas han sido investigadas después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento en los últimos meses de los hechos gracias a la colaboración ciudadana y de denuncias interpuestas por propietarios de fincas de producción de aguacates, ya que el precio del aguacate incrementó en los últimos meses, y algunos de los productores que sufrieron un mayor índice de robos en sus fincas decidieron instalar cámaras de videovigilancia para poder aportar pruebas, colaborar y esclarecer estos hechos delictivos y además de poder disminuir los robos.

Estas cámaras se convirtieron en un recurso importante para esclarecer y atribuir la autoría de cada uno de los delitos perpetrados, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante el conocimiento de ciertas informaciones, los agentes realizaron las diligencias de investigación correspondientes para poder esclarecer los hechos delictivos visionando minuciosamente las cámaras existente donde se perpetraron los delitos.

Esto les permitió observar como una persona rompía la valla perimetral y accedía al interior de las fincas haciendo uso de gorra y mascarilla con ánimo de dificultar su identidad pero, tras un dificultoso proceso para esclarecer la autoría, se localizó a un vecino de uno de los municipios, con idéntica descripción física, por lo que concluyó con la investigación de esta persona por su presunta participación.

En concreto, esta persona reconoció los hechos, que se centraban en la sustracción de 200 kilogramos de aguacates en dos días diferentes mediante el mismo modus operandi.

Por otro lado, también se realizaron vigilancias donde se cometieron los robos, pudiendo finalmente localizar el domicilio de los presuntos autores y las inspecciones técnico policial de las fincas, lo que permitió a los agentes recabar todas las pesquisas policiales para identificar a los autores de los hechos delictivos.

La Guardia Civil indica que se recabaron datos suficientes para tener indicios de que parte de este género robado no sólo se vendía de manera ambulante, sino que en alguna ocasión acababa en el mercado agrícola y hostelero, lo que matizan es una "práctica habitual a la par que peligrosa por no tener una trazabilidad que acredite la aptitud" para el consumo, por lo que los agentes tuvieron que realizar diferentes inspecciones en establecimientos del municipio de Gáldar, no encontrando anomalías en estos productos.

Esta oleada de robos que han sufrido agricultores de aguacates no solo fue en el municipio de Gáldar sino también en el de Arucas, pudiendo identificar gracias a la colaboración ciudadana a dos personas en el casco del pueblo portando uno de ellos un saco con 15 kilogramos de aguacates y otro 9 kilogramos de aguacates mientras trataba de venderlos a los viandantes.

Esto llevó a iniciar las labores de localización del propietario, ya que nuevamente los agentes de la Guardia Civil se encontraron que no existían denuncia, si bien tras entrevistas con diversos agricultores de la zona, se localiza a un posible perjudicado, que una vez personado en las dependencias policiales al ver la variedad aprehendida los reconoce sin género de duda, no sólo por la variedad del aguacate, sino alegando también hasta del árbol del que los sustrajeron, ya que al parecer dicho frutal había padecido en fechas anteriores una enfermedad, haciendo que la fruta tomara una forma muy particular.

La Guardia Civil ha esclarecido, por todas las incautaciones realizadas en los últimos meses, el robo de más de 500 kilogramos de aguacates, debiendo en varias ocasiones localizar a los propietarios de las fincas afectadas, ya que algunos de ellos no habían formulado denuncia alguna, por lo que los agentes recuerdan la importancia que tiene denunciar, ya que a nivel policial "es una fuente de información vital".

Por último, matiza que quien compre productos fuera del mercado legal, aparte del riesgo que conlleva, puede incurrir en un delito de receptación recogido en el Código Penal, llevando aparejadas penas de prisión desde los seis meses a dos años.