Arriaga denuncia que no se ha contado con el área de Carreteras del Cabildo para elaborar el PRUG

La polémica no cesa en torno al borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. Un Plan que prevé la construcción de tres grandes intercambiadores, que actuarían como lanzadera, con el objetivo de restringir la entrada en vehículos privados.

Este jueves, en La Mañana de COPE Tenerife, el consejero de Carreteras y Movilidad del Cabildo, Enrique Arriaga, ha denunciado que no se ha contado con sui área a la hora de dar forma a este borrador. “Se ha hecho el plan rector con un plan de movilidad paralela, sin habernos consultado a nosotros”, apuntó Arriaga, que dejó claro que “como punto de partida, no estamos de acuerdo con algunas cifras que creemos que se han inflado de número de visitantes”. La explicación es clara: “En el Cabildo disponemos de nuestros propios sistemas de aforo para ver cuántos vehículos entran en el Parque Nacional, y los datos no nos coinciden, por lo que ese punto de partida erróneo debe de modificarse”.

En cuanto a los detalles, Arriaga confiesa que no están de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con la carreteras, como “el uso de arcenes que no existe, o lo que tiene que ver con las servidumbres de las carreteras”, ya que, “hay una serie de requisitos que marca la ley, y que chocan frontalmente contra este Plan Rector, porque prohíbe hacer cualquier tipo de intervención en el Parque”.

El vicepresidente primero del Cabildo relata que “hemos visto las infografías de esos macrointercambiadores, y nosotros creemos que eso hay que mirarlo bien primero”. “Para empezar”, destaca, “hay que tener en cuenta que esto es un Parque Nacional, pero las carreteras que pasan por esa zona son carreteras insulares, y legalmente no se puede cerrar el acceso a una carretera insular”. Por consiguiente, “habrá que mirar la fórmula de poderlo hacer compatible, con aparcamientos de uso limitado o lanzadera”.

Cuestionado sobre las propuestas de paralizar el plan, y convocar una mesa en las que se debata con más detalle un nueva fórmula, con participación de ayuntamientos y otros colectivos, Arriaga responde que “esa puede ser una solución, desde luego que sí, porque todo esto choca con nuestro intento de generar economía ligada al sector del turismo y no se puede prohibir por prohibir”.