Canarias apuesta por la renta ciudadana para paliar la pobreza en el archipiélago

El Parlamento de Canarias aprobará antes de final de año la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, un objetivo de la Consejería de Derechos Sociales para que aquellas personas en situación de vulnerabilidad pueden cubrir sus necesidades básicas.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana ha destacado el esfuerzo realizado por su departamento al duplicar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), pero con el punto de mira puesto en la renta ciudadana, que ayudará a agilizar los trámites. "Ahora, los trabajadores sociales municipales tienen pilas y pilas de papeles de la PCI, por lo que no pueden hacer trabajo de calle. Con la renta ciudadana, será la Consejería quien se encargue de los trámites administrativos para que los empleados municipales, que son quienes conocen la realidad de los demandantes, estén a pie de calle", ha explicado Santana.

"Nuestra obligación es crear una red de apoyo a las familias, y lo estamos haciendo. Pero para mejorar la situación social es necesario mejorar la situación económica de forma transversal", ha añadido, apostando también por "un cambio del modelo turístico, que respete esta tierra y que genere trabajo de calidad".

La consejera ha rechazado que la renta ciudadana sea vista como "una paguita" y que desincentive la búsqueda de empleo: "Me parece trágico hablar así; nadie cuestionó cuando se dio dinero público a los empresarios en forma de ayudas por la pandemia. Estas personas quieren vivir dignamente y esta renta no desincentiva reincorporsarse al mundo laboral".

El Gobierno prevé unos 100-120 millones de euros anuales para la renta ciudadana. Según la consejera de Derechos Sociales, Hacienda no ha puesto pegas.