José Manuel Ramírez: "Canarias tiene el peor sistema de atención a la dependencia"

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado que Canarias ha “hecho caja en 2021” con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes junto con otras 10 comunidades. Alertan de que el Gobierno de Canarias ha recortado más de 43 millones de euros en dependencia y que el año pasado fallecieron 3.202 personas en las lista de espera.

El presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, ha afirmado en los micrófonos de Cope Canarias que el archipiélago “es la comunidad que peor sistema en dependencia tiene en todos los datos” tanto en personas beneficiarias, lista de espera, de solicitudes o valoraciones. Lamenta que pese a esos datos, es “la comunidad más recorta” en dependencia con respecto al presupuesto de 2020.

La consejería de Derechos Sociales ha desmentido los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y ha asegurado que ha invertido más dinero en el último año respecto al anterior. Sin embargo, Ramírez ha afirmado que los datos “son del Ministerio” y ha pedido a las Administraciones que se pongan de acuerdo con los datos y “no pidan una rectificación” a la Asociación.

Además, Ramírez, denuncia que con este debate de la Consejería, se está olvidando de que Canarias “tiene el peor sistema de atención a la dependencia” y que se incrementaron las listas de espera. Y se pregunta si la consejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana, “tiene capacidad para gestionar la dependencia” en las islas.

La variación interanual en el gasto medio por persona beneficiaria en 2021 respecto a 2020 se redujo en las islas. Según la Asociación, Canarias a pesar de tener un incremento del 6,85% de las personas beneficiarias, ha reducido notablemente el gasto autonómico (-24,56%). Además, es la comunidad con menor gasto por persona con solo 543 euros, frente a los 2.300 euros por persona dependiente que se gasta el gobierno del País Vasco.