Canarias, a la cola en inversión por habitante en dependencia

Canarias cierra el 2023 posicionada en uno de los últimos lugares a nivel estatal en cuanto a inversión por habitante en dependencia. Según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la media de inversión en España es de 240 euros por persona, mientras que en Canarias se sitúa en 138 euros. La situación es igual de preocupante en cuanto a la inversión por personas potencialmente dependientes, donde Canarias también ocupa el penúltimo lugar con 1.238 euros per cápita.

José Manuel Ramírez, presidente de dicha asociación, ha explicado que estos datos, obtenidos de los certificados de gasto oficiales de las comunidades autónomas, reflejan un problema estructural en el sistema de atención a la dependencia de Canarias, que desde 2006 ha sido la comunidad que menos invierte en servicios sociales en este ámbito. A pesar de que la región ha incrementado su presupuesto en un 23% entre 2020 y 2023, aún sigue siendo insuficiente. Ramírez subraya que no se trata únicamente de un problema de recursos económicos, sino también de la voluntad política para priorizar la atención a los más vulnerables.

El caso de Pilar

Un claro ejemplo de esta problemática lo vive Pilar García, quien lleva una década batallando para que su madre, de 75 años, reciba el apoyo adecuado. En 2014, Pilar inició los trámites para que se le reconociera la dependencia a su madre, pero no fue hasta 2020 cuando finalmente le asignaron un grado 1. En ese momento, la salud de su madre ya había empeorado considerablemente, por lo que solicitó una nueva revisión. Sin embargo, no fue hasta cuatro años más tarde, en 2023, que se le concedió el grado 3.

A pesar de este reconocimiento, Pilar aún no sabe qué ayudas económicas le corresponden ni cuándo podrán recibirlas. Lamenta que durante todos estos años las ayudas han sido insuficientes, lo que le ha obligado a cubrir los costos del cuidado de su madre de su propio bolsillo. Actualmente, solo puede permitirse contratar a una persona para que acuda a su domicilio dos veces al mes, mientras espera que los servicios sociales valoren su situación y determinen qué asistencia puede recibir.

Esta situación es una de tantas que se repiten en Canarias, donde muchas familias se enfrentan a largos tiempos de espera y a una falta de recursos que no cubren las necesidades básicas de los dependientes, generando un sufrimiento añadido tanto para las personas afectadas como para sus cuidadores.