Los propietarios del hotel ‘okupado’ en Tenerife estallan: “Es de locos que la ley no nos permita entrar en una propiedad que es nuestra”

El ordenamiento jurídico laxo, hasta permisivo con el creciente fenómeno de la ‘okupación’ que tenemos en España, sigue dejando situaciones que rayan lo caricaturesco, e historias hiperbólicamente incomprensibles. La última, la ocurrida en un Hotel de Tenerife, que llevaba cerrado, (que no abandonado), desde la llegada de la pandemia de la Covid-19, y el consiguiente confinamiento.

El Gran Hotel Callao Sport fue concebido en su día como un complejo alojativo dirigido a un target de cliente muy definido, el que buscaba no solo el sol y la playa, sino también una instalación para practicar deporte y entrenar especialmente en el invierno canario, cuyas temperaturas benignas son muy favorables para las actividades de este tipo al aire libre.

UN HOTEL CONCEBIDO PARA EL DEPORTE Y QUE CERRÓ CON LA PANDEMIA

No se trata de un complejo enorme, tan solo 92 habitaciones, lo que provocaba que mantenerlo en criterios de rentabilidad, exigiera una gestión audaz, y un cliente de alto poder adquisitivo, que incluso podría disfrutar en la isla de largas estancias. Al frente del proyecto, una pequeña empresa canaria, casi familiar, Construcciones Domasa S.A. 

Pero llegó la maldita pandemia, y todo lo complicó. El cero turístico obligó a cerrar todos los hoteles de Canarias dejando un escenario sin precedentes, convirtiendo a Costa Adeje, hoy por hoy el destino más exclusivo de las islas, y el que cuenta con la mayor concentración de hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas lujo de todo el archipiélago, en una ciudad fantasma.

COMIENZA LA PESADILLA: 12 PERSONAS ENTRAN EN EL HOTEL EL 17 DE FEBRERO

Pasado el tsunami del Coronavirus, la empresa decidió no reabrir el hotel y se planteó una venta. Venta que hasta la fecha, no ha llegado. Con ese objetivo, se han estado realizando labores de mantenimiento, hasta que el pasado 17 de febrero todo cambió. 12 personas entraron el complejo, en lo que inicialmente parecía un robo. La Guardia Civil, alertada después de que saltaran las alarmas instaladas por la empresa propietaria, detuvo a dos de ellas, pero las otras 10 se instalaron en el mismo. Y del presunto robo, pasamos a la ‘okupación’, con letras mayúsculas, gracias a esa normativa que difumina un principio tan básico en un Estado de Derecho como es la propiedad privada. Y claro, pronto, llegaron las quejas de unos vecinos asombrados con lo que estaba ocurriendo, y afectados por el ruido nocturno y la inseguridad.

Ese es el principio de esta historia, que la administradora única de Domasa S.A, Carmen Margarita (prefiere que no publiquemos su apellido por no dar más datos de su identidad personal), ha calificado en Herrera en COPE Tenerife como “de locos”. Enfadada, afirma que “es de locos que la ley no nos permita entrar en una propiedad que es nuestra, es incompresible, porque legalmente, es como si ya no fuera tuya”, y lamenta que “los okupas tienen más derechos que nosotros, y al estar ocupado el hotel, nosotros no podemos entrar, sientes una enorme impotencia, te sientes desvalido completamente”.

EL SINSENTIDO DE TENER QUE PAGAR LA LUZ A LOS 'OKUPAS'

En ese contexto, continuó afirmando que es “completamente ilógico que el propietario de un hotel, tenga que pelear por volver a entrar a su propiedad”. Pero además, la situación se ve agravada porque la empresa propietaria está obligada a seguir pagando el suministro de electricidad. Desde el cierre de la instalación se había mantenido este servicio porque era imprescindible para las labores mantenimiento que se llevaban a cabo en diferentes áreas del complejo, además de para tener activos los sistemas de videocámaras de seguridad y alarmas. Ahora, se produce un hecho igualmente incomprensible, y es que “tenemos que pagar la luz de las 92 habitaciones y de todas las zonas comunes que han ocupado, por ley, un sinsentido”.

Es completamente ilógico que el propietario de un hotel tenga que pelear por volver a entrar a su propiedad”

Margarita

Administradora de la empresa Domasa S.A.

Todo esto provoca un sentimiento de “desesperación, angustia, tristeza y desamparo”. Pero sobre todo de preocupación, después del dictamen que emitieron los servicios jurídicos de la empresa. Y es que, “los abogados nos han dicho que no nos enfrentamos a una sola ‘okupación’, sino a 92 ‘okupaciones’, ya que cada habitación, se considera como si fuera una vivienda, además de las que se han producido en las zonas comunes, porque nos consta que hay personas habitando hasta en la parte baja de la cocina”.

nUEVO PROBLEMA: TERCEROS QUE HACEN NEGOCIO ALQUILANDO LAS HABITACIONES

Otra de las cuestiones relacionadas con esta noticia que llaman poderosamente la atención es que los propietarios han podido confirmar que hay personas que están organizadas para alquilar y hacer negocio con la asignación de las habitaciones. Dicho en otros términos, hay terceros, obteniendo un lucro con las habitaciones del hotel. Al respecto, la administradora de la empresa propietaria manifestó que “hemos iniciado todas las acciones judiciales que hemos podido tanto por vía penal, como por vía civil, hemos puesto denuncias infinitas, incluyendo también por el robo de mobiliario, pero de momento, no podemos hacer nada más”.

En los 18 minutos de entrevista en Herrera en COPE Tenerife esta empresaria se ha sincerado, poniendo el dedo en la llaga de un problema que afecta a muchos particulares en sus viviendas, y que en el caso que nos ocupa, se multiplica por 92, llegando a un hotel en la zona turística más próspera del Canarias. Por ello, quiso hacer una reflexión final, dirigiéndose a la clase política de este país: “No puede ser que con nuestros impuestos, estemos protegiendo a los ‘okupas’, estamos pagando una seguridad extra que no deberíamos pagar por una incompresible ley”.

No puede ser que con nuestros impuestos, estemos protegiendo a los ‘okupas’"

Margarita

Administradora de la empresa Domasa S.A.

Los tiempos, ahora, quedarán marcados por los tribunales de justicia. Pueden ser meses, los que dure esta pesadilla, hasta que haya una orden de desalojo, aunque está por ver si la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada esta semana, podría ser de aplicación en este caso tan particular y novedoso, algo que deben definir los juristas. Mientras tanto, solo queda el derecho al pataleo, y esperar.