Primera reunión para alcanzar un Pacto por la Justicia: "La situación es grave e inaceptable"

El Gobierno de Cantabria y el sector de la Justicia prevén alcanzar un Pacto en el primer semestre de 2024 para acabar con la situación de "extrema gravedad" que atraviesa la Administración en la región y la "conflictividad interna" creada entre los trabajadores, tras los conflictos laborales encadenados durante los seis primeros meses del año.

En esto han coincidido la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Andrés de Diego y Rosaura Díez, respectivamente; y sindicatos como UGT, CSIF y STAJ, tras la primera reunión por el Pacto por la Justicia.

Todos ellos han reconocido la "situación difícil" que tiene la Administración de Justicia ahora en Cantabria, tras la pandemia del Covid que paralizó la actividad y las tres huelgas convocadas en los seis primeros meses del año --de letrados, jueces y fiscales y funcionarios--, la última de ellas "cerrada en falso".

Además, han indicado que a esta situación hay que sumar la "conflictividad interna" que se ha creado entre los trabajadores, que está llevando a una situación de "tensión".

"La situación de la Administración de Justicia en Cantabria podemos decir que es una situación grave, de extrema gravedad", ha valorado la consejera, que cree que el Gobierno central "no ha sabido atajarlo" y prevé que empeore aún más con otra huelga en este sentido.

De esta forma, ve "importantísimo" haber mantenido un encuentro con el sector para intentar alcanzar un acuerdo, al tiempo que ha lamentado que Comisiones Obreras (CCOO) "no haya querido sentarse alrededor de esta mesa".

En la misma línea, López del Moral ha calificado la reunión "muy útil" porque en estos momentos la Administración de Justicia en Cantabria está pasando por una situación "muy complicada".

"Hay que detectar cuál es el problema para resolverlo, que sin duda lo vamos a resolver", ha señalado el magistrado, para quien ese pacto tiene que recoger la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales, así como de los medios procesales.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el Ministerio de Justicia "accederá a las pretensiones muy justas y legítimas" de los trabajadores.

Sobre los medios procesales, espera que las leyes que se "paralizaron" en el Parlamento entren en vigor en esta legislatura y mejoren la forma de funcionar. "Se nos ha prometido que se van a dirigir al Ministerio y van a trabajar en este sentido, ha apuntado.

Asimismo, desde el Colegio de Abogados ven este encuentro como un "hito importante" tras la "gravísima" situación del último año, cuya huelga de funcionarios judiciales se puede "reanudar".

"Nos enfrentamos a una situación grave", ha opinado De Diego, para quien deben hacer "un esfuerzo muy importante" por abordar este problema, dado que los tiempos de respuesta son "inaceptables", con señalamientos que superan "el año y pico".

A su juicio, hay que impulsar el control de horarios, una actividad mucho más coordinada y hacer medidas en el Portal Vereda para tener "de una vez por todas" un expediente electrónico a disposición de los profesionales.

Asimismo, los abogados abogan por establecer un código de buenas prácticas y tener una agenda de señalamientos. "Yo lo voy a presentar mucho antes porque yo tengo prisa en que esto se aborde", ha dicho.

En cuanto a otra posible huelga, De Diego ha recordado que los funcionarios suspendieron su conflicto a expensas de que hubiese un Gobierno con el que pudiesen negociar las disposiciones presupuestarias, por lo que supone que si no se les atiende ahora desde el nuevo Ministerio volverán a protestar.

Finalmente, la decana del Colegio de Procuradores ha añadido que este pacto "es más necesario que nunca" para dotar de medios materiales a la Justicia y mejorar la "tensión" generada en el ambiente profesional.

En esta primer encuentro se han abordado las áreas que se tienen que negociar y se han comprometido a que en el primer semestre del año 2024 Cantabria pueda tener un Pacto para la Justicia, que recogerá a mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales, así como medios materiales y procesales.

Así, han acordado poner las propuestas encima de la mesa en una nueva reunión el 31 de enero y reunir los grupos de trabajo y las comisiones "que habían quedado en el letargo", para que en el seno de este Pacto poder sentarse con un documento elaborado por la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo.