Media : "Cuando no hay amenazas y se abren las puertas, es normal que haya más ofertas"

El Gobierno de Cantabria tiene ya "casi ultimada" la auditoria interna sobre la gestión de los contratos y del dinero público en la Consejería de Obras Públicas sin que se haya detectado "ninguna irregularidad significativa" desde el punto de vista de la "legalidad administrativa" de los contratos, si bien sí se aprecia un quebranto patrimonial a las arcas públicas que, aunque no se ha concretado aún, es "importante" y "significativo".

Así lo ha adelantado el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), el día que se cumple un año del registro policial del que hoy es su departamento y de las detenciones a los implicados en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de contratos a determinadas empresas.

Coincidiendo con este aniversario, el consejero ha dado cuenta tanto del estado de la auditoria contable y de legalidad interna que se está llevando a cabo en el Gobierno, de forma paralela a la investigación judicial en marcha, en la que el Ejecutivo está personado, como de aquellos contratos que quedaron paralizados a raíz de la investigación al estar bajo sospecha y que ahora han comenzado a licitarse.

La auditoria contable y de legalidad, que llevan a cabo el equipo de interventores nombrado por la Consejería de Economía con la documentación facilitada desde Obras Públicas, se ha centrado en el análisis exhaustivo de los últimos cuatro años y aleatoriamente en contratos de los últimos 20. Está "casi ultimada" pero hasta la fecha, no se aprrecia "ninguna irregularidad significativa" desde el punto de vista de la "legalidad administrativa", lo que sí se está analizando ahora es el quebranto patrimonial causado a los ciudadanos de Cantabria que, sí existe, y que, según Media, es "importante".

REACTIVACIÓN DE LOS CONTRATOS

Media ha explicado que él y su equipo en la Consejería, a lo que se han dedicado desde que llegaron en julio es, con ayuda de los funcionarios, a "poner en marcha toda la maquinaría" del departamento y "trabajar a destajo para reactivar todos los proyectos que se habían quedado paralizados" a raíz de la investigación judicial.

En ese sentido, se ha felicitado del trabajo realizado y ha anunciado que varios contratos que quedaron "anulados" o "paralizados" al comprobarse que su adjudicación podía estar bajo sospecha "ya se están licitando o están a punto de licitarse de forma inmediata". Estos controras suponen una inversión conjunta de 23 millones y afectan, sobre todo, a la conservación y mantenimiento de carreteras.

El consejero ha insistido en que a los nuevos concursos pueden presentarse todas las empresas que lo consideren oportuno ya que, desde el juzgado, se ha indicado al Gobierno que "no puede apartar" a las empresas investigadas de presentarse ya que el proceso judicial no ha concluido.

Media ha confirmado también que el número de empresas que se están presentado a alguno de los concursos, es mayor que las que lo hacáin en la anterior etapa. "Cuando no hay amenazas y se abren las puertas para que se presente quien quiera, es normal que haya más ofertas".