Crece la presión social tras el acoso a un alumno con parálisis cerebral en un instituto de Santander

Un caso de acoso escolar ha sacudido esta semana la comunidad educativa de Santander. Las imágenes emitidas por televisión en las que varios alumnos increpan y golpean a un compañero con parálisis cerebral en silla de ruedas han desatado la indignación. Los hechos ocurrieron en el IES Leonardo Torres Quevedo, y la madre de la víctima ya ha presentado una denuncia ante la Policía.

La respuesta del centro educativo ha sido abrir un expediente disciplinario y aplicar una expulsión de cinco días a los agresores, el máximo permitido por ley. Sin embargo, tras iniciarse el procedimiento penal, el expediente se ha paralizado. Mientras tanto, el menor continúa compartiendo aula con quienes le agredieron.

La situación ha provocado una ola de reacciones. La Asociación Tolerancia 0 al Bullying ha exigido una "sanción ejemplarizante" tanto para los responsables directos como para los centros que, aseguran, no actúan con suficiente contundencia ante casos tan graves.

Educación activa el protocolo de acoso y ofrece apoyo a la familia

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha condenado "con absoluta rotundidad" los hechos y ha activado el protocolo de acoso escolar. Entre las medidas adoptadas figuran el acompañamiento del menor durante la jornada escolar, la supervisión del aula para evitar el contacto con los agresores y apoyo psicológico individualizado.

Silva ha mantenido contacto directo con la familia y se ha comprometido a hacer “todo lo que esté en su mano” para resolver la situación y garantizar la protección del alumno.

Padres y alumnos piden más contundencia

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro ha mostrado su “rechazo más enérgico” ante lo ocurrido y ha hecho un llamamiento a la calma. Desde el AMPA han instado a respetar los cauces institucionales y han ofrecido su colaboración para promover un entorno seguro y libre de violencia.

Por otro lado, varios estudiantes del instituto han publicado un comunicado en redes sociales pidiendo la expulsión definitiva de los agresores. “La solución no puede ser una simple expulsión temporal”, denuncian. “Si esto se deja pasar, el que acabará teniendo que irse será la víctima, y eso es completamente inaceptable”.

“No es el acosado quien debe irse, sino los acosadores”

Con esta frase concluye el mensaje de los alumnos, que están valorando organizar movilizaciones, como una sentada o incluso una huelga, para exigir una respuesta más contundente por parte del centro y de la Consejería de Educación.

El caso sigue abierto y bajo investigación, pero ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y actuación ante el acoso escolar. Esta vez, con el foco puesto en la vulnerabilidad de un menor con discapacidad que, como muchos otros, solo quiere ir al instituto sin miedo.