La protesta de más de 100 personas frena, por ahora, la devolución de cinco vacas maltratadas en Oruña

Una orden judicial que exige devolver cinco vacas al ganadero acusado de maltratarlas ha provocado este miércoles una protesta multitudinaria en el refugio animal La Manada Cántabra, en Oruña. Más de 100 personas, algunas encadenadas, bloquearon el paso al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que había acudido al lugar con un camión preparado para trasladar a los animales.

Entre gritos de "Estas vacas no se tocan" y pancartas en contra del fallo judicial, los concentrados lograron que los agentes abandonaran el lugar, aunque posteriormente regresaron para informar que elevarán el caso al juzgado y pedirán nuevas instrucciones. Según Patricia López, responsable del refugio, "de momento se ha parado, pero vendrán de nuevo porque es una orden judicial".

Las vacas fueron decomisadas en 2022 por el SEPRONA en un estado "extremadamente precario", desnutridas, encadenadas y viviendo en condiciones de máxima suciedad. Desde entonces, han sido cuidadas por La Manada Cántabra, que ahora denuncia que devolverlas a su dueño "es premiar al maltratador".

El refugio ha recurrido el fallo judicial, que dictamina que los animales deben volver al ganadero, y reclama 150.000 euros por la manutención de las vacas durante estos tres años. Según López, el ganadero no ha invertido "ni un euro" en los animales y ahora busca lucrarse llevándolos al matadero.

Apoyo de colectivos y denuncia al sistema

La protesta de hoy ha contado con el respaldo de santuarios de animales y colectivos de varias regiones de España, como Sevilla, Madrid y Galicia. Estos grupos critican el "fallo injusto" que, según aseguran, ignora los informes del SEPRONA y del propio refugio que acreditan el maltrato sufrido por las vacas.

Además, Patricia López ha denunciado que la Ley de Protección Animal se queda en "papel mojado" sin recursos suficientes para aplicarla y ha criticado la falta de protocolos para proteger tanto a los animales como a los peritos que evalúan los casos.

"Esto es una injusticia total", ha asegurado López, que ve en este caso un ejemplo de la lucha por sentar precedentes en la protección animal. Mientras tanto, el refugio se mantiene en alerta para evitar que las vacas sean retiradas en futuras actuaciones.

Los manifestantes han calificado lo ocurrido como "un pequeño logro", pero advierten que la batalla legal no ha terminado y seguirán atentos a las próximas decisiones judiciales.