AGRICULTURA
Las organizaciones agrarias piden modificación del Eco- régimen de la PAC para 2023
Para evitar enfermedades de la madera de la vid
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha junto al resto de organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA) instan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que en la aplicación del eco-régimen de mantenimiento de cubierta vegetal inerte mediante el depósito en el suelo de los restos de poda triturados en el cultivo de la vid que, a partir del 2023 se exige con la nueva PAC, se permita un mínimo laboreo de mantenimiento de 10-15 centímetros para favorecer así su mineralización rápida, el enriquecimiento del suelo agrícola y prevenir así un problema sanitario de enorme repercusión en el viñedo español y, por ende, del castellano-manchego.
En un comunicado, señalan que las enfermedades de madera de la vid (yesca, eutipiosis, pie negro, enfermedad de Petri, decaimiento por botyrosphaeria, excoriosis, entre otros) son en la actualidad la mayor de las amenazas sanitarias que azotan a la viticultura mundial, sin que hasta el momento se hayan hallado tratamientos eficaces con sustancias autorizadas, y cuya única solución preventiva para evitar su diseminación es la quema de los restos de poda.
En este sentido, apuntan que para que el nuevo eco-régimen consistente en depositar los restos de poda en los suelos vitícolas, en lugar de ser una práctica medioambientalmente sostenible se convierta en un enorme problema sanitario en la vitivinicultura española y castellano manchega, las organizaciones agrarias y cooperativas proponen que dichos restos vegetales se incorporen al suelo con una labor superficial (10-15 cm) de mantenimiento, de forma que se favorezca y acelere su rápida mineralización e incorporación al sustrato del suelo para que no afecte a la sanidad de las plantaciones de vid.
A juicio del sector, cuando las medidas de control del cumplimiento de la medida priman más que su eficacia práctica y agronómica, lo que sobre el papel podría ser una medida agroambientalmente positiva, se podría convertir en un problema sanitario de consecuencias nefastas que repercutiría muy negativamente en la sostenibilidad del cultivo más estratégico y social de Castilla-La Mancha.