Dos comerciales detenidos por fraudes telefónicos

Los presuntos autores falsificaron la firma de la víctima y utilizaron sus datos personales para dar de alta servicios sin su consentimiento

POLICIA NACIONAL

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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La Policía Nacional ha detenido en Albacete a dos personas, un comercial de una compañía telefónica y su responsable directo, como presuntos autores de un delito de usurpación de estado civil que cometieron al falsificar la firma de la víctima para realizar contratos sin su consentimiento.

Los hechos se conocieron el pasado año, cuando una ciudadana de Albacete recibió una llamada de una compañía telefónica solicitándole el abono de unas facturas impagadas, a la vez que la advertían de que en caso de no ser pagadas pasaría a formar parte de un listado de morosos.

Por tales hechos, la afectada reclamó a dicha empresa que le aportase copia de las facturas impagadas, así como del supuesto contrato. Una vez dispuso de toda la documentación, pudo ver que se trataba de documentos con sus datos pero cuya firma había sido falsificada para poder contratar determinados servicios de los que ella no había disfrutado a pesar de que figuraban a su nombre. Por ello, se dirigió a la Comisaría de la Policía Nacional en Albacete para denunciar la falsificación de su firma y la usurpación de su filiación.

Los investigadores especializados en delincuencia económica y fiscal, iniciaron las gestiones para esclarecer estos hechos, descubriendo la presunta implicación en los hechos de un comercial de la citada compañía de telefonía. Al parecer, el mismo día en que se formalizó el contrato fraudulento, este comercial estuvo en el establecimiento que regentaba la víctima para ofertarle una serie de servicios que finalmente ésta rechazó, si bien aprovechó que disponía de sus datos para contratarle otros servicios sin su consentimiento.

Finalmente, la investigación permitió implicar también al responsable directo de este comercial. Ambos detenidos tendrán que responder ante la autoridad judicial por los delitos cometidos.