Castilla-La Mancha
El Gobierno regional avanza en inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en colaboración con Plena Inclusión Castilla-La Mancha
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La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que se trata de un convenio importante que “da la posibilidad a personas con discapacidad de realizar prácticas en trabajos normalizados como lavandería, digitalización de documentos, limpieza, administración, cocina, jardinería, archivos” y por tanto, ha añadido, desde la Administración regional y desde Plena Inclusión, “aportamos esos apoyos para que las personas con discapacidad se puedan insertar en el mundo laboral con todas sus capacidades desarrolladas al cien por cien”.
García Torijano ha resaltado que, siendo Castilla–La Mancha la tercera región con mayor tasa de discapacidad en personas a partir de seis años por cada 1.000 habitantes en 2020, el compromiso con este colectivo “es tan firme y nos tiene tan involucrados a todo el Gobierno, que Castilla–La Mancha lidera la tasa de actividad de las personas con discapacidad con 37.700 personas activas, con un 40,7 por ciento, superando en seis puntos la media nacional en 2020, que fue del 34,3 por ciento”.
Guadalajara, 21 de abril de 2022.– El Gobierno regional ha suscrito un convenio de colaboración con la Federación Plena Inclusión Castilla–La Mancha para que personas con discapacidad intelectual puedan realizar prácticas laborales en centros dependientes de la Consejería de Bienestar Social.
Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha comparecido en rueda de prensa en Guadalajara, acompañada por el delegado de la Junta en la provincia, Eusebio Robles; el director general de Discapacidad, Javier Pérez; la delegada provincial de Bienestar Social, Inmaculada Tello; el gerente de Plena Inclusión Castilla–La Mancha, Daniel Collado, y el presidente de esta federación, Francisco Serrano, con quien ha firmado este convenio de colaboración que tiene una duración de un año, prorrogable por otros 12 meses.
De esta forma, ha afirmado la titular de Bienestar Social, “hemos firmado un convenio importante que da la posibilidad a personas con discapacidad de realizar prácticas en trabajos normalizados como lavandería, digitalización de documentos, limpieza, administración, cocina, jardinería, archivos” y, por tanto, ha añadido la consejera, desde la Administración regional y desde Plena Inclusión, “aportamos esos apoyos para que las personas con discapacidad se puedan insertar en el mundo laboral con todas sus capacidades desarrolladas al cien por cien”.
El programa, que se venía desarrollando desde 2016 “con muy buenos resultados”, se retoma tras dos años de interrupción por la pandemia de la Covid–19 para dar la oportunidad a jóvenes de desarrollar su proyecto de vida. “Queremos, con ello, que se promueva su integración sociolaboral y se facilite el desarrollo de habilidades y competencias y tenemos grandes expectativas en su desarrollo a lo largo de 2022”, ha dicho García Torijano.
En la fase anterior a la pandemia, entre 2018 y 2020, tomaron parte más de 150 participantes con prácticas comprendidas entre los tres y 12 meses y en los próximos tres años se tratará superar ese número de personas beneficiarias. Entonces participaron un total de 19 asociaciones –fundamentalmente de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete– mientras que ahora el proyecto se lleva a todas las provincias de la región. “El objetivo del Gobierno de Emiliano García–Page es llegar con los programas y servicios a cada rincón de la Comunidad Autónoma y, por ello, seguimos trabajando desde el Gobierno apostando por todas las políticas de empleo, pero también desde el ámbito de la discapacidad”, ha señalado la consejera.
Apuesta por el empleo desde el ámbito de la discapacidad
García Torijano ha resaltado que, siendo Castilla–La Mancha la tercera región con mayor tasa de discapacidad en personas a partir de seis años por cada 1.000 habitantes en 2020, el compromiso con este colectivo “es tan firme y nos tiene tan involucrados a todo el Gobierno que Castilla–La Mancha lidera la tasa de actividad de las personas con discapacidad con 37.700 personas activas, con un 40,7 por ciento, superando en seis puntos la media nacional en 2020, que fue del 34,3 por ciento”.
También, ha destacado, se incrementa notablemente el presupuesto destinado precisamente a la inserción laboral de este colectivo, pasando de los 10,8 millones de euros que se destinaban en 2015 a los 26,5 millones de euros en este año 2022. “Desde que llegó el presidente Page al Gobierno hemos destinado 128 millones de euros en el apoyo directo al empleo de personas con discapacidad”, ha subrayado la consejera.
En este sentido, la titular de Bienestar Social también ha subrayado el novedoso proceso selectivo introducido el pasado año por la Administración regional, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública con temarios y pruebas adaptadas a lectura fácil. Un proceso para el que se contó con la ayuda de asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad.
Recuperación de las Políticas Sociales en Castilla–La Mancha
La consejera ha afirmado que “la recuperación de las políticas sociales es uno de los pilares del Gobierno regional desde que el presidente García–Page tomó las riendas de la región”. Así, ha señalado que el incremento presupuestario ha sido importante en los últimos siete años en materia de discapacidad y ha recordado que “en 2015, nos encontramos una región abandonada, también en materia de discapacidad”, con un presupuesto destinado a este ámbito de 99 millones de euros frente a los 137 millones de euros de 2022. “Cuarenta millones de euros se dejaron escapar durante la legislatura del Partido Popular de Cospedal y el Gobierno de Emiliano García–Page sigue trabajando para recuperar estas políticas, mantenerlas y reforzarlas año tras año”, ha sentenciado Bárbara García Torijano.
Además, ha repasado algunos avances conseguidos en estos años en beneficio de las personas con discapacidad en Castilla–La Mancha, como la aprobación de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado; la eliminación de tasas que afectaban a procedimientos; la recuperación del 50 por ciento de gratuidad en el transporte público para personas con discapacidad; la universalización de la Atención Temprana, con un incremento del 80 por ciento en inversión desde 2015, un 60 por ciento más de usuarios y más de mil plazas incorporadas a la Red Pública; o la apuesta por los servicios de Capacitación que supera los 1.000 usuarios, con una financiación de 3’1 millones de euros en 2022.
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