Policía Nacional levanta tres actas por infracciones muy graves en locales de ocio de Ciudad Real

La Policía Nacional ha levantado tres actas por infracciones muy graves a la Ley de Seguridad Privada en Ciudad Real- Se trata de infracciones por "intrusismo" en labores de seguridad privada que fueron detectadas dentro del plan provincial de inspección y control, que periódicamente realiza la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

La cuantía de estas sanciones oscila entre los 20.001 y los 100.000 euros para el propietario del establecimiento, y entre los 6.001 a los 30.000 euros a los supuestos porteros o vigilantes de seguridad, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Una de las actuaciones se pudo realizar gracias a la colaboración ciudadana y la información recabada en redes sociales por la Policía Nacional, lo que permitió obtener datos del personal que ejercía labores de seguridad privada sin la habilitación correspondiente, vistiendo además ropa del sector de la seguridad rotulada como 'security-control' y portando uno de ellos una defensa extensible, por la que fue sancionado de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. El local de ocio también carecía de las autorizaciones para disponer los servicios de seguridad privada.

La Policía Nacional, a través de las Unidades especializadas de Seguridad Privada, ejerce la competencia exclusiva en el control del personal, entidades y servicios privados de seguridad, así como su vigilancia e investigación.

El pasado año los agentes llevaron a efecto hasta 133 inspecciones en la provincia de Ciudad Real. Sólo en 2020 los agentes de la Comisaría Provincial de Ciudad Real realizaron 133 inspecciones a empresas, establecimientos y personal que presta servicios de seguridad en la provincia de Ciudad Real, siendo uno de los objetivos detectar el "intrusismo" en este sector.

Fruto de esas inspecciones se levantó acta por infracción muy grave a un servicio de seguridad que ofrecía su propio sistema de conexión a central de alarmas sin los permisos reglamentarios. Se trata de un caso de intrusismo en el ámbito de la seguridad privada en el que un empresario utilizaba su propia red informática para la gestión de una supuesta central receptora de alarmas para las instalaciones de seguridad en domicilios y empresas que previamente habían instalado a sus clientes, quienes en su mayoría desconocían la no legitimidad del servicio.