Visto para veredicto el juicio contra el acusado de asesinar y descuartizar a su pareja en Santander en 2020

El juicio por el asesinato y descuartizamiento de Nancy Paola Reyes en agosto de 2020 en Santander, cuando esta se encontraba embarazada de 14 semanas, ha finalizado este lunes su fase oral en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Tras diez días de testimonios y evaluación de pruebas, el juicio queda visto para sentencia por los 9 miembros del jurado popular que tendrán que tomar un veredicto.

Durante la última sesión, el Ministerio Fiscal, así como los abogados de la acusación particular y popular, y de la defensa, han tenido ocasión de brindar un último relato de conclusiones en base a lo visto durante las distintas vistas orales.

En su turno de intervención, el abogado de la defensa, ha reiterado la inocencia de su representado, el acusado Carlos Andrés Bustamante, sosteniendo que no existen evidencias suficientes para condenarlo. En su argumentación, ha puesto en duda la fiabilidad de la infografía y la reconstrucción de los pasos del acusado realizado por los investigadores. En el mismo sentido, ha cuestionado el peso de las pruebas que la policía científica halló en la vivienda en la que presuntamente se cometieron los hechos.

Además, ha señalado por segunda vez desde el inicio del juicio la posible implicación de dos sujetos en los hechos, descartados en la investigación policial, y ha asegurado que el relato de la acusación resulta imposible dadas las condiciones físicas de su representado en las fechas del suceso.

Por el contrario, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particular y popular, han mantenido la culpabilidad de Bustamante de los tres delitos de lo que es acusado: asesinato, aborto y profanación de cadáveres. El Ministerio Fiscal ha reiterado un relato de los acontecimientos según los informes policiales señalando que la policía de Madrid, Santander y Ciudad Real estuvieron investigando llegando a las mismas conclusiones.

Asimismo, ha destacado que existen abundantes testigos de que el acusado se encontraba en Santander durante los hechos, que existen indicios claros de que la muerte se produjo tras una llamada a servicios sociales y que, dadas las pruebas audiovisuales y que el cuerpo tan solo se localizó siguiendo los pasos del acusado, fue el único responsable del asesinato y de deshacerse del cuerpo de la víctima.

El abogado de la acusación particular ha afirmado que cualquier duda razonable ha quedado completamente desmontada. Durante su intervención, el letrado ha destacado la existencia de 16 pruebas de cargo. Además, ha asegurado que se da una flagrante ausencia de cualquier indicio de otro posible culpable de los hechos. Y, finalmente, ha incidido en la falta de fiabilidad de las declaraciones del acusado, al entrar en contradicciones en sus distintos testimonios.

Por su parte, la acusación popular, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha incidido sobre el componente de violencia machista en el crimen, así como la alevosía contra una víctima que se encontraba embarazada y en el domicilio con el acusado.

En su derecho a la última palabra, el acusado ha rechazado realizar ningún tipo de declaración.

La Fiscalía y las acusaciones particular y popular solicitan más de 33 años de prisión para el acusado por los delitos de asesinato, aborto y profanación de cadáveres.