La "rave" ilegal de Ciudad Real echa el telón entre quejas vecinales y denuncias por la pasividad de las administraciones

La fiesta ilegal que se ha celebrado en Ciudad Real, concretamente en las inmediaciones del aeropuerto, ha llegado a su fin. Es hora de balances. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a diez personas y han interpuesto 65 denuncias en la macrofiesta rave no autorizada 'Big Fucking Party 2025'.

Así lo han explicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han precisado que 29 de las denuncias han sido tramitadas por la Policía Nacional (20 por drogas, ocho por tenencia de arma blanca y otra por falta de respeto), mientras que la Guardia Civil ha puesto 36 denuncias: 25 por drogas, nueve por infracciones de la Ley de Seguridad Vial y dos por alcoholemia.

Asimismo, han indicado que durante la pasada noche la Policía Nacional ha detenido a seis personas, una de ellas por resistencia y desobediencia, dos por salud pública y las tres restantes por resistencia, desobediencia y seguridad vial.

También se han formulado 11 sanciones por droga y cinco por posesión de arma blanca.

Por parte Guardia Civil, en la última noche se han interpuesto tres denuncias por infracción de la Ley de Seguridad Vial y otras 12 por drogas en relación a la Ley de Seguridad Vial.

El subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha recordado que no se han registrado incidentes graves de seguridad ciudadana", aunque la situación ha generado bastante tensión entre los vecinos de Ciudad Real, muchos de ellos, en la zona sur de la capital, se quejaban del ruido.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, su concejal de seguridad, Ricardo Chamorro, llegó a pedir a la subdelegación que pusiera fin a esta fiesta ilegal que ha concentrado a más de 5.000 personas.

La Asociación Española de Consumidores ha lamentado la pasividad de las administraciones ante las fiestas raves ilegales que, según ella, están proliferando en España. La asociación recuerda que se trata de eventos a los que acuden miles de personas "sin que exista garantías de su seguridad ni de los productos que están consumiendo".