Los carteros de El Casar sufren agresiones y amenazas por los vecinos

Los profesionales de Correos de El Casar están siendo víctimas de agresiones como amenazas personales o daños en sus vehículos por parte de los vecinos de la localidad.

"Nos pusieron una nota amenazadora en la furgoneta, no sabemos a qué compañero estaba dirigida ni por qué, ni cuál es la causa, simplemente ponía que la próxima vez te voy a dar una paliza que te voy a mandar al hospital y dos ruedas de la furgoneta pinchadas", ha relatado una de las trabajadoras del servicio a los micrófonos de COPE Guadalajara.

Según CCOO, que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, el motivo es la sobrecarga de trabajo que están sufriendo los carteros que trabajan en la zona por recorte de personal, que hace que sea "imposible asumir" la prestación de servicio público de calidad que Correos tiene encomendado por ley.

"Ahora mismo estamos cinco personas y debería haber ocho; ya hace cuatro años se recortó un compañero y lo asumimos entre varios; hace dos años se ha vuelto a recortar otra plaza y la hemos vuelto asumir entre todos", ha explicado la cartera, añadiendo que incluso en estos momentos, con dos personas de baja, "solamente han cubierto a una, cuando la otra persona ya lleva más de tres semanas de baja por estrés y ansiedad".

Por eso, aunque ha reconocido que "hay gente que se queja con razón, que les llegan citaciones tarde, citas médicas tarde", también ha dejado claro que es absolutamente imposible prestar un servicio postal de calidad en El Casar debido a la gran cantidad de población a la que atienden.

Aun con todo, los trabajadores de Correos en territorio casareño han buscado la conciliación y aseguran que han hablado con los vecinos y "muchos, la mayoría, nos apoyan y nos dicen que qué pueden hacer", pregunta para la cual esta afectada tiene una respuesta clara: "Tendrían que empadronarse 13.000 habitantes que residen en El Casar y que no lo están".

Y es que aunque el censo de 2018 muestra que en El Casar viven unas 11.800 personas, la realidad es que, a raíz de la pandemia de la COVID-19, el municipio se ha convertido en una ciudad dormitorio de unas 20.000 personas que, evidentemente, deben recibir facturas, citaciones y paquetería en plazo.